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Miércoles Octubre 21, 2020

Con su decisión sobre el páramo de Santurbán esta mañana, el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo optó por una solución salomónica que busca desactivar los conflictos sociales, pero que todavía deja más preguntas que respuestas.

Por ahora ni siquiera queda claro quién ganó y perdió con la primera delimitación de páramos que se hace en el país y los interesados terminaron confundidos después de la rueda de prensa de esta mañana en la CDMB de Bucaramanga, con un ministro, un gobernador, cuatro vices y la del Instituto Humboldt a bordo.

Aunque todavía no se han publicado ni el mapa ni la resolución, se sabe que las 130 mil hectáreas del páramo se dividirán en tres zonas. En la primera, de estricta conservación, no podrá haber ni minería ni agricultura y representa el 76 por ciento del área total (incluidos los tres parques regionales que ya existen).

En otra zona de unas 25 mil hectáreas, que está degradada y que quedó como de “restauración”, se irán eliminando las actividades económicas poco a poco para recuperar el páramo. Y una última, de unas 5 mil hectáreas que incluye toda la zona cebollera de Berlín, quedará de “uso sostenible”  y se podrá seguir cultivando. Estas últimas dos serán consideradas páramos en nombre, más no en lo legal.

El tema es que quién queda en dónde no estará claro hasta que las empresas y comunidades puedan ver el mapa, ya que la línea del páramo solo se puede entender al ver el mapa en detalle. 

Esos datos, aún parciales, dejan dos preguntas importantes sin responder.

La primera es qué pasará con la minería en Santurbán, ya que el anuncio no le dice ni que se podrá hacer ni que no se podrá.

Por lo que se puede observar de los mapas que mostró el ministro, a las dos grandes empresas que están en zonas de alta montaña -las canadienses Eco Oro y Leyhat- se les recortó parte de sus títulos pero se les dejó otra. Eso significa que les corresponderá a ellos decidir si, con lo que les queda de espacio, es viable económicamente hacer sus proyectos. Es decir, se las puso más difícil pero de todos modos les dio vía libre. Ninguna de ellas podrá saberlo todavía hasta que no vea el mapa.

Los pequeños mineros de Vetas, donde también había un potencial conflicto, quedaron en zona permitida (con algunos de ellos pudiendo trabajar solo concesiones una vez se venzan en un par de décadas) y podrán seguir explotando oro, algo que aún es menos claro en California y Suratá. Tampoco tendrá problemas la brasilera AUX, que está más abajo en la montaña y ya había renunciado a sus títulos en páramo.

La segunda gran pregunta es qué sucederá en las zonas habitadas y cultivadas, porque aunque se excluyen de la delimitación no se sabe cuáles van a ser las reglas de juego. Dependiendo de si en la resolución se les impone a los agricultores un plan de mejores prácticas como el que el ex ministro Juan Gabriel Uribe dejó listo y que -como contó La Silla- lleva engavetado desde hace año y medio. De eso dependerá si el páramo y el agua se salvan allí.

Vallejo habló de invertir en esas zonas pero no dijo nada sobre cómo será ese plan de trabajo ni si será obligatorio. En todo caso, cualquier plan requerirá control por parte de las politizadas corporaciones autónomas y plata del Estado, dos cosas que han sido escasas en el sector.

Las respuestas a esas preguntas dirán si el gobierno Santos II logra, al mismo tiempo, desactivar la bomba social, conservar el páramo y asegurar que la calidad de su agua.

Con una dificultad adicional: la decisión de dónde empieza y termina Santurbán marcará -como contó La Silla- la pauta para lo que sucede en los otros 35 páramos del país.

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 17, 2016 - 21:43
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Los $150 mil millones en cuentas por pagar que heredó la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga, tienen a Rodolfo Hernández literalmente poniéndole la totuma hasta a los contratistas para recaudar dinero.

Una particular estrategia que consiste en solicitarles a los contratistas con cuentas por cobrar en el Municipio que donen un porcentaje de los recursos que van a recibir, tiene descontentos a muchos de los que prestaron sus servicios a la pasada administración y que están esperando desde hace varios meses su pago.

Si bien la estrategia ya le ha generado réditos a Hernández, y en el municipio se han contabilizado varios cientos de millones de pesos en donaciones, entre esos los entregados por Valco (firma de los hermanos Valderrama Cordero que donó $470 millones) y por Vanguardia Liberal, que donó el 20% de cuentas que le adeudaban, también ha generado controversia y empresarios están denunciando que la petición de Hernández es  más una camisa de fuerza que una solicitud.

En una rueda de prensa que dio ayer en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Alcalde aseguró, que lo que les está diciendo a los contratistas " es que colaboren con la ciudad" y negó que los estuviera presionando para hacerlo porque era una donación; sin embargo, a renglón seguido dijo: “para que (los contratistas) reciban el cheque toca que traigan la donación”. 

Esas declaraciones calentaron aún más los ánimos de quienes llevan todo el año esperando su pago, y de hecho en gremios como el de los periodistas (al que Lucho Bohórquez le quedó debiendo una buena partida por concepto de pauta y producción audiovisual y radial), han empezado a proponer que reclamaciones colectivas a la nueva administración para que les pague lo que les corresponde y no se "burle de su trabajo".

Hasta esta semana, la Alcaldía había recaudado $130 mil millones en impuestos. De esa suma $30 mil millones ya se han ido a pagar las cuentas de los contratistas con los que adquirió compromisos Lucho Bohórquez sin tener el respaldo financiero, y los $100 mil millones restantes están siendo administrados para generar flujo de caja en la Alcaldía, porque de lo contrario se paralizaría completamente su funcionamiento.

 

Miércoles, Marzo 16, 2016 - 00:39
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Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar.

Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.

La Silla conoció documentos de dos visitas que fueron realizadas en febrero por la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal de Bogotá a la Gobernación de Santander para obtener copias de todos los documentos relacionados con los contratos que las empresas del grupo Valderrama firmaron y ejecutaron en la administración de Richard Aguilar.

En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero, contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).

Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus propuestas. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo.

De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.

En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.

La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo con la Nación.

Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama  y la administración de Aguilar, sí muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.

Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.

Martes, Marzo 15, 2016 - 12:53
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El decreto que sacó hoy el presidente Juan Manuel Santos creando una convocatoria pública para armar la terna para Fiscal es un saludo a la bandera que, además, le cae como anillo al dedo para cambiar el tema en los días en los que se va a incumplir el plazo que él mismo puso para firmar un Acuerdo Final en La Habana.

El decreto retoma lo que ya había hecho Santos en la terna para la Corte Constitucional a mediados del año pasado: creó un proceso para definir los ternados que incluye una convocatoria para que cualquier persona se postule, se dio a si mismo la posibilidad de sumarle a los postulados sus propios candidatos y obligó a publicar todas las hojas de vida para que haya críticas y comentarios de la ciudadanía.

En el caso de la Corte, de todo ese proceso terminó con una terna con un candidato muy cercano a Santos, el hoy magistrado Alejandro Linares.

En esta ocasión el Gobierno estableció plazos más cortos, lo que hace que el proceso justo coincida con el 23 de marzo, cuando se vence el plazo que le había dado Santos a los negociadores para tener un acuerdo definitivo en La Habana que él mismo ha aplazado.

Después de publicado el decreto el Gobierno debe sacar un aviso en la prensa con la convocatoria, lo que seguramente saldrá mañana. Y de ahí se cuentan siete días calendario para que presenten las hojas de vida, lo que ocurriría justo el 23 de marzo.

A partir de ese momento Santos tiene dos días calendario para armar la lista definitiva de candidatos, agregando los nombres que él quiera, lo que hace de la convocatoria un saludo a la bandera. Encima, esos dos días serían justo los festivos de jueves y viernes santos, por lo que ese cambio seguramente pasará de agache.

A continuación esa lista debe ser publicada "inmediatamente" por la Secretaría Jurídica de Palacio. Como eso sería el sábado de Semana Santa, el Gobierno pondrá en la agenda de los medios los nombres de los candidatos a la Fiscalía justo para el regreso de las vacaciones, lo que le puede quitar espacio a las noticias de la no firma el 23.

Después de esa publicación eso Santos tendrá otro par de semanas para mandarle a la Corte la terna definitiva, por lo que hacia mediados de abril empezará al campaña en serio.

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