Menú principal

Sábado Marzo 06, 2021

Con su decisión sobre el páramo de Santurbán esta mañana, el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo optó por una solución salomónica que busca desactivar los conflictos sociales, pero que todavía deja más preguntas que respuestas.

Por ahora ni siquiera queda claro quién ganó y perdió con la primera delimitación de páramos que se hace en el país y los interesados terminaron confundidos después de la rueda de prensa de esta mañana en la CDMB de Bucaramanga, con un ministro, un gobernador, cuatro vices y la del Instituto Humboldt a bordo.

Aunque todavía no se han publicado ni el mapa ni la resolución, se sabe que las 130 mil hectáreas del páramo se dividirán en tres zonas. En la primera, de estricta conservación, no podrá haber ni minería ni agricultura y representa el 76 por ciento del área total (incluidos los tres parques regionales que ya existen).

En otra zona de unas 25 mil hectáreas, que está degradada y que quedó como de “restauración”, se irán eliminando las actividades económicas poco a poco para recuperar el páramo. Y una última, de unas 5 mil hectáreas que incluye toda la zona cebollera de Berlín, quedará de “uso sostenible”  y se podrá seguir cultivando. Estas últimas dos serán consideradas páramos en nombre, más no en lo legal.

El tema es que quién queda en dónde no estará claro hasta que las empresas y comunidades puedan ver el mapa, ya que la línea del páramo solo se puede entender al ver el mapa en detalle. 

Esos datos, aún parciales, dejan dos preguntas importantes sin responder.

La primera es qué pasará con la minería en Santurbán, ya que el anuncio no le dice ni que se podrá hacer ni que no se podrá.

Por lo que se puede observar de los mapas que mostró el ministro, a las dos grandes empresas que están en zonas de alta montaña -las canadienses Eco Oro y Leyhat- se les recortó parte de sus títulos pero se les dejó otra. Eso significa que les corresponderá a ellos decidir si, con lo que les queda de espacio, es viable económicamente hacer sus proyectos. Es decir, se las puso más difícil pero de todos modos les dio vía libre. Ninguna de ellas podrá saberlo todavía hasta que no vea el mapa.

Los pequeños mineros de Vetas, donde también había un potencial conflicto, quedaron en zona permitida (con algunos de ellos pudiendo trabajar solo concesiones una vez se venzan en un par de décadas) y podrán seguir explotando oro, algo que aún es menos claro en California y Suratá. Tampoco tendrá problemas la brasilera AUX, que está más abajo en la montaña y ya había renunciado a sus títulos en páramo.

La segunda gran pregunta es qué sucederá en las zonas habitadas y cultivadas, porque aunque se excluyen de la delimitación no se sabe cuáles van a ser las reglas de juego. Dependiendo de si en la resolución se les impone a los agricultores un plan de mejores prácticas como el que el ex ministro Juan Gabriel Uribe dejó listo y que -como contó La Silla- lleva engavetado desde hace año y medio. De eso dependerá si el páramo y el agua se salvan allí.

Vallejo habló de invertir en esas zonas pero no dijo nada sobre cómo será ese plan de trabajo ni si será obligatorio. En todo caso, cualquier plan requerirá control por parte de las politizadas corporaciones autónomas y plata del Estado, dos cosas que han sido escasas en el sector.

Las respuestas a esas preguntas dirán si el gobierno Santos II logra, al mismo tiempo, desactivar la bomba social, conservar el páramo y asegurar que la calidad de su agua.

Con una dificultad adicional: la decisión de dónde empieza y termina Santurbán marcará -como contó La Silla- la pauta para lo que sucede en los otros 35 páramos del país.

Otros confidenciales recientes

Viernes, Febrero 19, 2016 - 12:29
0
5032

Aunque el Gobierno Nacional ha dicho que no tenía ni idea de que los jefes de las Farc harían proselitismo armado entre los ciudadanos, cada vez es más evidente que tuvieron a la mano varios indicios y no hicieron nada.

Ayer 18 de febrero, día de la sorpresiva jornada en la que cuatro comandantes de la guerrilla llegaron a Conejo (La Guajira) para hablar de paz rodeados de más de 300 hombres uniformados y armados, el local Diario del Norte publicó una amplia noticia titulada: ‘Evento por la paz reunirá delegaciones del Gobierno y las Farc en el corregimiento Conejo’.

El texto cita a uno de los organizadores del evento, quien detalla que la idea del mismo es que la población pueda interactuar con voceros del Gobierno y las Farc. Y, específicamente, el periódico informa que estará presente el guajiro alias Joaquín Gómez

Aunque a Conejo nunca llegaron voceros del Gobierno, como anunciaba la noticia, y la reunión en realidad fue sólo de las Farc, es curioso que la historia así sea con esa imprecisión no hubiese llamado la atención de nadie en el Gobierno.

El Diario de Norte es uno de los principales periódicos guajiros y, aunque no circula a nivel nacional, sí lo hace en Riohacha y por estos días el departamento está lleno de medios nacionales y de altos funcionarios gubernamentales que van y vienen a cada rato, atentos al doloroso drama de los wayuu. Por no ir lejos, para hoy viernes está anunciada la visita del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, entre otros.  

A eso hay que sumarle la versión del alcalde de Fonseca (municipio del que es corregimiento Conejo), Misael Velásquez, quien asegura que cuando empezaron los rumores del evento en la plaza central del poblado dio aviso en el Ministerio del Interior y en las comandancias de la Policía de La Guajira y del batallón mecanizado Rondón del Ejército.

En el Diario del Norte se enteraron de la inusual jornada vía los rumores que estaban encendidos hace varios días en Fonseca, en donde vive gente cercana al jefe de las Farc Joaquín Gómez.

Jueves, Febrero 18, 2016 - 18:50
0
2443

Esta mañana se celebró en el municipio de Ciénaga una audiencia pública en la que la Sociedad Ruta del Sol II presentó los detalles de la variante que construirá en esa población, como parte de la segunda calzada Ciénaga - Barranquilla. En el evento participaron los ciudadanos que habitan los predios por donde pasará la obra, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio Público, ambientalistas, funcionarios de la Gobernación y el alcalde de Ciénaga Edgardo Pérez. Fue justamente el discurso del mandatario el que más sorprendió porque se mostró en desacuerdo con las condiciones actuales del proyecto, que tuvo como principal promotor al exgobernador Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, de quien Pérez es aliado político.

Resulta que tal como está concebida hoy, la construcción de la variante no contempla la reubicación de unas 10 mil familias que viven a la orilla de la Ciénaga Grande, por lo que quedarían atrapadas entre la nueva carretera y ese cuerpo de agua. Es a esa situación a la que el alcalde se opone y así lo expresó durante su intervención. 

Micrófono en mano, el alcalde dijo que no estaba de acuerdo con que la construcción de la variante solo incluya, para la zona donde viven las familias, unos pasos peatonales con compuertas para evitar que se les inunden las viviendas en época de lluvias.

"Muchos dirán que el alcalde de Ciénaga se está atravesando en la obra más importante de la historia del municipio, pero me dolerá más cómo tantas familias se van a quedar entre la carretera y la Ciénaga", dijo el alcalde durante su intervención, en la que también le pidió al Gobierno Nacional considerar la reubicación de las familias. Especialmente, porque no hacerlo, le dijo el mandatario a La Silla, es condenar a esos pobladores a seguir viviendo en condiciones de extrema pobreza.

El exgobernador Cotes fue uno de los que más impulsó la construcción de la segunda calzada Ciénaga  -Barranquilla, a la que le dio luz verde en enero de 2015 el vicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien Cotes es aliado.

El alcalde Pérez le dijo a La Silla que el exgobernador Cotes es su "amigo" y siempre le estará agradecido por "gestionar esa obra que le traerá desarrollo a su municipio", pero resaltó que esa amistad y gratitud no son obstáculos para expresar públicamente las dudas que le genera el proyecto.

La variante de 14 kilómetros, que tendrá un costo global de 317 mil millones de pesos y de 19 mil millones en ese tramo, bordeará la Ciénaga Grande para evitar que la actual troncal siga dividiendo el casco urbano de Ciénaga.

Tanto el anuncio de la construcción de la doble calzada como de la variante preocupan a los ambientalistas porque ambos proyectos atravesarán un humedal costero, cobijado por la Convención Ramsar. Mucho más, cuando en el país todavía están frescos los estragos ambientales que causó la primera calzada entre Barranquilla y Ciénaga.

Esos 60 kilómetros iniciales, que se construyeron entre 1959 y 1960, acabaron con los manglares y con el parque Isla Salamanca porque interrumpieron la comunicación natural entre las aguas dulces y saladas. Aunque hubo una intervención posterior para que el ecosistema se recuperara, todavía hoy esa recuperación no es completa.

Sandra Villardy, una de las ambientalistas que más ha alertado sobre las consecuencias ambientales de la segunda calzada, manifestó vía Twitter que el Estudio de Impacto Ambiental de la obra es bastante débil. Además, genera dudas porque en el documento se confunde a uno de los corregimientos por los que pasará la vía con el sector La Boquilla, de Cartagena.

A la preocupación ambiental se suma la denuncia que el año pasado hizo La W Radio de una conversación en la que posiblemente se estaban acordando coimas por la construcción de la vía. Uno de los participantes de la grabación a la que ese medio tuvo acceso sería Álvaro Cotes, papá del exgobernador Luis Miguel 'el Mello' Cotes. Tanto el exmandatario como su papá negaron la veracidad de la grabación.

Jueves, Febrero 18, 2016 - 14:10
2
2942

La Procuraduría se le metió al rancho a la Contraloría y hoy inició una investigación contra altos exfuncionarios de ese ente de control por presunto enriquecimiento ilícito y presunta omisión a la hora de investigar presuntas irregularidades en varias entidades públicas del departamento.

La investigación de la Procuraduría a un ente de control regional, no tiene precedentes en el pasado reciente del departamento.

La Silla conoció que las denuncias fueron interpuestas por funcionarios que trabajan al interior de la misma Contraloría, quienes afirmaron que a cambio de archivar o no adelantar procesos de responsabilidad fiscal, personal que se desempeñaba en altos cargos de esa entidad habría recibido dinero.

Precisamente, desde las 9 de la mañana de hoy, los funcionarios de la Procuraduría están revisando documentos en la Contraloría relacionados con los procesos que se archivaron, las cuentas que se fenecieron (vencieron o se saldaron), así como las copias de las auditorías que se hicieron en 15 entidades públicas durante el periodo de Argemiro Castro Granados.

Las alcaldías de Girón, Piedecuesta, San Gil y Cimitarra, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Indersantander, varios hospitales del departamento y la Corporación Panachi, también serán investigadas por esas denuncias.

 

Respecto a los funcionarios de la Contraloría vinculados en la investigación, entre los que se encuentra el excontralor Castro, La Silla conoció que la Procuraduría ordenó que se pidieran copias a la DIAN de las declaraciones de renta, al RUT de los registros de vehículos que están a nombre de ellos, así como a la oficina de Instrumentos Públicos para determinar las propiedades que tienen registradas.

Al ser consultado por La Silla, Castro desestimó todas las acusaciones y señaló que es "absurdo" decir que eso pasó en su administración. También dijo que cuando en la Contraloría existían quejas de ese tipo los funcionarios eran separados de la auditoría.

"Tenemos todos los expedientes de memorandos que les fueron enviados a auditores cuando existían las denuncias y también pruebas de que abrimos procesos disciplinarios por esos hechos. Respecto a los procesos de responsabilidad fiscal, yo hacía seguimiento para que no prescribieran algo que era muy común antes", indicó.
 

Páginas