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Miércoles Octubre 21, 2020

Con su decisión sobre el páramo de Santurbán esta mañana, el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo optó por una solución salomónica que busca desactivar los conflictos sociales, pero que todavía deja más preguntas que respuestas.

Por ahora ni siquiera queda claro quién ganó y perdió con la primera delimitación de páramos que se hace en el país y los interesados terminaron confundidos después de la rueda de prensa de esta mañana en la CDMB de Bucaramanga, con un ministro, un gobernador, cuatro vices y la del Instituto Humboldt a bordo.

Aunque todavía no se han publicado ni el mapa ni la resolución, se sabe que las 130 mil hectáreas del páramo se dividirán en tres zonas. En la primera, de estricta conservación, no podrá haber ni minería ni agricultura y representa el 76 por ciento del área total (incluidos los tres parques regionales que ya existen).

En otra zona de unas 25 mil hectáreas, que está degradada y que quedó como de “restauración”, se irán eliminando las actividades económicas poco a poco para recuperar el páramo. Y una última, de unas 5 mil hectáreas que incluye toda la zona cebollera de Berlín, quedará de “uso sostenible”  y se podrá seguir cultivando. Estas últimas dos serán consideradas páramos en nombre, más no en lo legal.

El tema es que quién queda en dónde no estará claro hasta que las empresas y comunidades puedan ver el mapa, ya que la línea del páramo solo se puede entender al ver el mapa en detalle. 

Esos datos, aún parciales, dejan dos preguntas importantes sin responder.

La primera es qué pasará con la minería en Santurbán, ya que el anuncio no le dice ni que se podrá hacer ni que no se podrá.

Por lo que se puede observar de los mapas que mostró el ministro, a las dos grandes empresas que están en zonas de alta montaña -las canadienses Eco Oro y Leyhat- se les recortó parte de sus títulos pero se les dejó otra. Eso significa que les corresponderá a ellos decidir si, con lo que les queda de espacio, es viable económicamente hacer sus proyectos. Es decir, se las puso más difícil pero de todos modos les dio vía libre. Ninguna de ellas podrá saberlo todavía hasta que no vea el mapa.

Los pequeños mineros de Vetas, donde también había un potencial conflicto, quedaron en zona permitida (con algunos de ellos pudiendo trabajar solo concesiones una vez se venzan en un par de décadas) y podrán seguir explotando oro, algo que aún es menos claro en California y Suratá. Tampoco tendrá problemas la brasilera AUX, que está más abajo en la montaña y ya había renunciado a sus títulos en páramo.

La segunda gran pregunta es qué sucederá en las zonas habitadas y cultivadas, porque aunque se excluyen de la delimitación no se sabe cuáles van a ser las reglas de juego. Dependiendo de si en la resolución se les impone a los agricultores un plan de mejores prácticas como el que el ex ministro Juan Gabriel Uribe dejó listo y que -como contó La Silla- lleva engavetado desde hace año y medio. De eso dependerá si el páramo y el agua se salvan allí.

Vallejo habló de invertir en esas zonas pero no dijo nada sobre cómo será ese plan de trabajo ni si será obligatorio. En todo caso, cualquier plan requerirá control por parte de las politizadas corporaciones autónomas y plata del Estado, dos cosas que han sido escasas en el sector.

Las respuestas a esas preguntas dirán si el gobierno Santos II logra, al mismo tiempo, desactivar la bomba social, conservar el páramo y asegurar que la calidad de su agua.

Con una dificultad adicional: la decisión de dónde empieza y termina Santurbán marcará -como contó La Silla- la pauta para lo que sucede en los otros 35 páramos del país.

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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