Menú principal

Jueves Febrero 25, 2021

Con su decisión sobre el páramo de Santurbán esta mañana, el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo optó por una solución salomónica que busca desactivar los conflictos sociales, pero que todavía deja más preguntas que respuestas.

Por ahora ni siquiera queda claro quién ganó y perdió con la primera delimitación de páramos que se hace en el país y los interesados terminaron confundidos después de la rueda de prensa de esta mañana en la CDMB de Bucaramanga, con un ministro, un gobernador, cuatro vices y la del Instituto Humboldt a bordo.

Aunque todavía no se han publicado ni el mapa ni la resolución, se sabe que las 130 mil hectáreas del páramo se dividirán en tres zonas. En la primera, de estricta conservación, no podrá haber ni minería ni agricultura y representa el 76 por ciento del área total (incluidos los tres parques regionales que ya existen).

En otra zona de unas 25 mil hectáreas, que está degradada y que quedó como de “restauración”, se irán eliminando las actividades económicas poco a poco para recuperar el páramo. Y una última, de unas 5 mil hectáreas que incluye toda la zona cebollera de Berlín, quedará de “uso sostenible”  y se podrá seguir cultivando. Estas últimas dos serán consideradas páramos en nombre, más no en lo legal.

El tema es que quién queda en dónde no estará claro hasta que las empresas y comunidades puedan ver el mapa, ya que la línea del páramo solo se puede entender al ver el mapa en detalle. 

Esos datos, aún parciales, dejan dos preguntas importantes sin responder.

La primera es qué pasará con la minería en Santurbán, ya que el anuncio no le dice ni que se podrá hacer ni que no se podrá.

Por lo que se puede observar de los mapas que mostró el ministro, a las dos grandes empresas que están en zonas de alta montaña -las canadienses Eco Oro y Leyhat- se les recortó parte de sus títulos pero se les dejó otra. Eso significa que les corresponderá a ellos decidir si, con lo que les queda de espacio, es viable económicamente hacer sus proyectos. Es decir, se las puso más difícil pero de todos modos les dio vía libre. Ninguna de ellas podrá saberlo todavía hasta que no vea el mapa.

Los pequeños mineros de Vetas, donde también había un potencial conflicto, quedaron en zona permitida (con algunos de ellos pudiendo trabajar solo concesiones una vez se venzan en un par de décadas) y podrán seguir explotando oro, algo que aún es menos claro en California y Suratá. Tampoco tendrá problemas la brasilera AUX, que está más abajo en la montaña y ya había renunciado a sus títulos en páramo.

La segunda gran pregunta es qué sucederá en las zonas habitadas y cultivadas, porque aunque se excluyen de la delimitación no se sabe cuáles van a ser las reglas de juego. Dependiendo de si en la resolución se les impone a los agricultores un plan de mejores prácticas como el que el ex ministro Juan Gabriel Uribe dejó listo y que -como contó La Silla- lleva engavetado desde hace año y medio. De eso dependerá si el páramo y el agua se salvan allí.

Vallejo habló de invertir en esas zonas pero no dijo nada sobre cómo será ese plan de trabajo ni si será obligatorio. En todo caso, cualquier plan requerirá control por parte de las politizadas corporaciones autónomas y plata del Estado, dos cosas que han sido escasas en el sector.

Las respuestas a esas preguntas dirán si el gobierno Santos II logra, al mismo tiempo, desactivar la bomba social, conservar el páramo y asegurar que la calidad de su agua.

Con una dificultad adicional: la decisión de dónde empieza y termina Santurbán marcará -como contó La Silla- la pauta para lo que sucede en los otros 35 páramos del país.

Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
0
2029

Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
0
1418

Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
0
8692

La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

Páginas