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Domingo Mayo 16, 2021

Las peleas en el Consejo Superior de la Judicatura no paran. En la más reciente sesión de la sala plena hubo nuevo enfrentamiento entre el magistrado Néstor Raúl Correa, de la Sala Administrativa y quien está en clara minoría, con varios de sus colegas de la Sala Disciplinaria, que están en mayoría.

En la Sala, Correa dijo que está en desacuerdo con el proyecto de ley que le da a la Sala Disciplinaria el control preferente en materia disciplinaria (es decir, que le permite asumir cualquier proceso contra un juez o un abogado, aunque inicialmente sea función de un Consejo Seccional de la Judicatura, lo que incrementa fuertemente el poder de esa Sala). Correa dijo que los jueces ven esa posibilidad como una amenaza por falta de garantías.

También dijo que no está de acuerdo con que en los cargos de descongestión se nombre por fuera del registro de elegibles de la carrera judicial, pues eso se puede prestar para hacer clientelismo.

Y sus críticas se volvieron personales cuando protestó por el trato discriminatorio que siente que le dan y que se manifiesta en que es el único magistrado del Consejo Superior al que le niegan los viajes al exterior.

Por último, citó una reciente información de Semana (aparentemente esta nota) sobre los presuntos nexos burocráticos entre la Sala Disciplinaria y la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.

Como era previsible, varios miembros de la Sala Disciplinaria, como Henry Villarraga, Julia Emma Garzón y Angelino Lizcano, reaccionaron con vehemencia. Dijeron que no aceitaban a nadie con cargos, entre otras porque ni siquiera tienen cómo, dado que Correa los obligó a nombrar del registro de elegibles en los cargos de magistrado de descongestión.

Pero Correa precisó que no se refería a esos cargos sino a los nombramientos hechos en los últimos meses en la secretaría de la sala disciplinaria, en donde al parecer hay cuotas políticas en cargos que no son de carrera. La sala disciplinaria guardó silencio. Y en medio de un aire enrarecido terminó la sesión.

Detrás de esa pelea hay varias investigaciones cruzadas. La Comisión de Acusaciones investiga a Correa por presuntamente haber destinado recursos a actividades diferentes a los que estaban destinados, y esa investigación está a punto de llevarlo a indagatoria. Quien la adelanta es el representante conservador por el Guaviare Constantino Rodríguez.

A su vez, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investiga precisamente a Rodríguez por los presuntos delitos relacionados con la absolución de los magistrados Villarraga, Garzón y Lizcano por el “carrusel de las pensiones”. La investigación viene de una denuncia que interpuso el Fiscal General, Eduardo Montealegre, quien también denunció a los tres magistrados por ese “carrusel” .

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Vie, 2013-10-11 21:04
Néstor Correa parece el magistrado Davivienda, al estar en el lugar equivocado. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura no quieren enmendarse pese a ver tan cerca su eliminación por sus prácticas meramente burocráticas y de poder. Con tanta necesidad de justicia en Colombia, dada la carencia de la misma y con tanta necesidad de empleados judiciales para mejorar su situación, y estos magistrados dedicados a su compra-venta.
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Otros confidenciales recientes

Miércoles, Marzo 23, 2016 - 11:25
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La prestigiosa revista Harper´s, en su edición de abril -la cual acaba de salir- trae un artículo demoledor para Colombia. Porque, aunque muchos ya lo sospechaban, tener la prueba fehaciente duele más.

En un artículo sobre la futilidad de la guerra contra las drogas, el periodista Dan Baum le pregunta a John Ehrlichman, el asesor de política doméstica del ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon, sobre la guerra contra las drogas iniciada por su jefe de entonces ¿Su respuesta?

“¿Quiere saber de que se trató realmente?”... “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda que estaba en contra de la guerra y la gente negra ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos prohibir estar en contra de la guerra o ser negro, pero si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizábamos ambos fuertemente, podíamos golpear ambas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, intervenir sus reuniones y estigmatizarlos noche tras noche en los noticieros de la tarde ¿Sabíamos que estabamos mintiendo acerca de las drogas? Claro que sí”.

La guerra contra las drogas - cuyas motivaciones reales conocemos ahora- le ha costado a Colombia miles de vidas, cientos de miles de millones de pesos destinados a pelearla y ha financiado a paramilitares, guerrillas y delincuentes comunes.

Solo entre entre 1994 y 2008, según el estudio realizado por el experto en drogas Daniel Mejía, la guerra contra las drogas era responsable del 25 por ciento de la tasa de homicidios.

Eso traducido en personas, significa que solo en ese período -que no incluye los finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando más intensa fue la guerra contra las drogas- fueron asesinadas 53.200 personas. Esto sin contar las que murieron por cuenta de la guerrilla o los paramilitares. O las que pasaron su vida en la cárcel.

Ese fue el precio del cinismo de Nixon y sus asesores y de la forma como Colombia lo interiorizó.

Martes, Marzo 22, 2016 - 16:10
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El senador barranquillero de La U José David Name lanzó en las últimas horas una convocatoria para marchar este 2 de abril en contra de Electricaribe, la criticada prestadora del servicio de energía en siete de ocho departamentos caribe. Lo increíble es que ese mismo día es la marcha del uribismo en contra del Gobierno Santos, por lo que la movida de Name va a terminar ayudando a los opositores del Gobierno que dice defender.

Por los continuos cortes y problemas de voltaje, Electricaribe es una de las empresas menos queridas en la Costa, en donde sienten que Santos no ha sido capaz de meterla en cintura. Como el uribismo convocó su marcha con el lema “Yo tengo razones para decir no más ¿Cuál es tu razón?”, el llamado de Name parece ser una respuesta a los uribistas.

Evidencia de esa concidencia se puede ver ya en Twitter.

La coincidencia sorprende porque Name no es un senador cualquiera, sino de uno que acaba de ser presidente del Congreso por la coalición de Gobierno.

Por ello, ya se empiezan a despertar suspicacias, como la de un congresista importante de la Unidad Nacional que nos dijo: “No sé a qué juega Name, a lo mejor no está contento con algo en el Gobierno y esta es su forma de expresarlo”.

Consultado al respecto, Name nos dijo que no le pusiéramos “misterio” a su convocatoria, que él tiene las mejores relaciones con el Presidente y que “si no es el 2, que sea otro día, pero tenemos que protestar. Uribistas o no uribistas, estamos sufriendo con el tema eléctrico”.

No es la primera vez que Name termina de alguna manera relacionado con el uribismo. Al igual que casi toda la Unidad Nacional santista (incluyendo al Presidente) fue uribista en el pasado y en 2014, siendo presidente del Congreso, tuvo que salir a aclarar que no lo seguía siendo sino que estaba del lado del Gobierno, luego de que se hundiera un debate de control sobre parapolítica en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Domingo, Marzo 20, 2016 - 19:23
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Aunque para la designación de los gerentes de los hospitales en el país tiene que mediar un concurso de méritos que en el papel asegure que los más idóneos son los que van a llegar a dirigirlos, varios intereses políticos ya se están moviendo detrás de esas vacantes en Santander.

Así como la familia Aguilar, con la llegada de Richard Aguilar al ‘Palacio Amarillo’ en 2012 se quedó con esos cargos en el departamento, y en el periodo de Serpa los dirigentes de los hospitales fueron cercanos al Partido Liberal, en esta ocasión la administración de Didier Tavera también estaría moviéndose para poner fichas propias en los hospitales y devolverlos a su partido.

Si bien el concurso está siendo adelantado por la Universidad de Pamplona, cinco fuentes políticas, una de las cuales ha tenido injerencia en el sector de la salud, señalaron que esa no es una prenda de transparencia para la escogencia.

“Hay maneras de influenciar ese tipo de concursos. Solo basta mirar lo que está pasando con las elecciones de contralores y personeros en muchas partes del país para darse cuenta de lo que pasa con los concursos de méritos en muchas ocasiones”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

Aunque la crisis de la red hospitalaria de Santander en diciembre tocó fondo en todo el departamento y hay 19 centros en riesgo financiero, así como cuatro que entraron en un plan de recuperación fiscal que busca evitar que se cierren, los intereses detrás de los hospitales siguen siendo muchos.

Por una parte, manejan multimillonarios presupuestos que pueden invertir bajo un régimen de contratación mucho más laxo y por otra tienen bajo su mando un abultado personal (que se vuelve muy útil en temporada de campaña).

Pese a que la Secretaría de Salud del departamento llegó Claudia Amaya como ficha del senador de Cambio Radical, Bernabé Celis, cuatro fuentes que se mueven en círculos políticos de Santander le dijeron a La Silla que la funcionaria se quedó sin la intervención directa en la coordinación del concurso para seleccionar a los gerentes.

El rol protagónico lo habría tomado Wilson Peña, asesor del despacho de Tavera, quien además de haber sido secretario de salud de Santander en el periodo de Horacio Serpa, está enfrentando cuestionamientos por la contratación de estudios que no sirvieron para la construcción de hospitales en el departamento cuando estaba a cargo de ese despacho.

La Silla conoció que la puja de intereses por los cargos en los hospitales ya pasó por un primer filtro.

Tres fuentes de adentro de Opción Ciudadana, le dijeron a este medio que aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de que al grupo de Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil le dieran la gerencia del Hospital Universitario de Santander, ese escenario ya fue completamente descartado.

“Los liberales y específicamente Serpa cerraron todos esos espacios y los tienen completamente acaparados”, señaló una de las fuentes. Las otras dos dieron la misma versión.

Al ser consultado por La Silla, Peña negó que existieran intereses políticos en el proceso, explicó que su función para el caso del concurso es la coordinación de “algunos aspectos” (pero no precisó cuáles), y dijo que el “proceso de selección está blindado”.

Sobre su designación como asesor de Tavera y su cercanía con Serpa indicó que llegó por mérito propio al cargo y que el Senador “no tiene ningún tipo de influencia en el concurso”.

El 31 de marzo se vence el plazo para la salida de los gerentes actuales de los hospitales en todo el país; sin embargo, el concurso para esa fecha no estará completamente listo, por lo que deberán haber nombramientos provisionales

Mientras la crisis hospitalaria sigue latente y trabajadores del sector de la salud, así como estudiantes piden que se prioricen criterios técnicos para los nombramientos, los intereses políticos están llamados a tener peso decisivo en la selección de los gerentes.

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