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Lunes Noviembre 29, 2021

Mañana nacerá oficialmente el Santuario de Fauna Acandí-Playón-Playona, que protege 14 kilómetros de la costa chocoana en el Golfo de Urabá y al lado de la frontera con Panamá, donde anidan las tortugas caná y carey. Este es el tercer gran éxito este año de Parques Nacionales -después de la ampliación de Chiribiquete y la declaratoria de Corales de Profundidad- y apenas uno de los proyectos de parques con los que está corriendo contra el reloj porque tiene poco más de seis meses para avanzar en los procesos y así blindarlos contra la minería.

La razón se remonta al temor que despertó la reapertura de la ventanilla de títulos mineros en julio -que duró dos años congelada mientras se ordenaba el caos en el que estaba el catastro minero- de que muchas áreas naturales que están en proceso de ser protegidas pudieran ser solicitadas por empresas mineras. Y que, al avanzar al mismo tiempo el proceso de titulación y el de declaratoria de parques, pudiesen quedar problemas a futuro como el que aún existe con el título que tiene la minera canadiense Cosigo Resources dentro del Parque Yaigojé-Apaporis en el Vaupés, otorgado dos días después de creado el área natural en 2009.

La 'solución salomónica' a la que llegaron los ministros de Minas y Ambiente en mayo fue que todas las zonas que están en proceso de protección serían excluidas del área titulable para minería mientras tanto. Estas “reservas de recursos naturales”, incluyendo a Acandí, quedaron protegidas durante un año, que podría ser prorrogado en julio próximo por otro más.

Por esta razón Parques Nacionales -que dirige Julia Miranda- está corriendo con los procesos, ya que solicitar un título tarda un par de meses pero declarar un parque puede demorarse hasta cinco años por la consulta previa con los grupos étnicos de la zona, como en el caso de Chiribiquete.

Estos procesos ya no deberían demorarse tanto como antes porque, como contó La Silla, uno de los pocos efectos 'benéficos' de la caída de la reforma al código de minas es que ya no es obligatorio el concepto previo de MinMinas para las nuevas áreas, un requisito que paralizó procesos como el de la Estrella Fluvial del Inírida -que será declarado humedal Ramsar- durante dos años. Pero que en todo caso sí se demoran más de lo que le toma evaluar las solicitudes a la Agencia Nacional de Minería, que dirige María Constanza García y que ha venido negando toda solicitud que se haga dentro de áreas protegidas.

En especial, Parques Nacionales está corriendo para crear las áreas que protejan ecosistemas que no están representados en el sistema de Parques y que han sido identificados como prioritarios en el Plan de Desarrollo de Santos.

Para salvaguardar los ecosistemas marinocosteros, como el de Acandí, están Bahía Portete en La Guajira -que está terminando la fase de consulta y podría pasar al último paso en la Academia de Ciencias a comienzos del próximo año- y Cabo Manglares en Nariño.

Para preservar los ecosistemas del Orinoco están las Selvas de Lipa (Arauca), Cumaribo (Vichada) y Manacacías (Meta), cuyos procesos también están avanzados y protegerán amplias zonas de los Llanos, una de las regiones menos representadas. Y para el bosque seco tropical, los Bosques Secos del Río Patía -entre Cauca y Nariño- y el que reúne la Serranía de San Lucas y los Humedales de Nechí entre Antioquia y Bolívar.

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Mar, 2013-12-17 12:06
minas abiertas en los bordes de los parques nacionales. Y las zonas de amortiguación? Y el sentido común? La tal locomotora minera nos lleva directo al barranco del ecocodio
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:52
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Aunque el Concejo de Bogotá decidió montarse en la ola del posconflicto con una comisión de paz y posconflicto, su presidente Roberto Hinestrosa decidió dejar por fuera al principal partido de izquierda, a la bancada del partido que se opone al proceso de paz y al único concejal que ha estado en un grupo armado.

Lo más curioso es que lo hizo a pesar de que la idea de armar la comisión no fue de él sino de un grupo de concejales de casi todas las bancadas, incluyendo a Celio Nieves, del Polo; y a Antonio Sanguino, de la Alianza Verde y desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista.

En una carta ese grupo le pidió armar la comisión con representantes de las 12 bancadas que tiene el Concejo, para que la Comisión no tuviera un tinte partidista

SOLICITUD COMISIÓN by lasillavacia

Al final, Hinestrosa designó una comisión con solo 5 concejales, cuyas bancadas solo suman 21 de los 45 concejales, y dejó por fuera al Polo y a la Alianza Verde. La bancada del Centro Democrático tampoco quedó representada pero, según supo La Silla, porque no quisieron.

Eso produjo una molestia más con Hinestrosa, en el concejo: ya ha sido criticado por la demora en sacar las resoluciones que regulan la elección de Personero y Contralor, por el contenido de éstas (algunos concejales han dicho que debía haber incluido mayores exigencias a los aspirantes y otros se quejaron por haber incluido requisitos aparentemente superfluos, lo que llevó a Hinestrosa a echarse para atrás en ese punto) y por haber unificado tres proyectos de acuerdo.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:46
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El exalcalde de Cimitarra Hermán Rodríguez Guerrero, quien el pasado 12 de febrero llegó a la dirección de la regional oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos  (Santander, Norte de Santander y Arauca), tiene cuentas pendientes con la justicia.

Desde hace cuatro meses, la Fiscalía está tratando de imputarlo por el presunto delito de peculado.

Aunque para mañana estaba citada la nueva audiencia para iniciar el proceso en su contra formalmente, La Silla conoció que el nuevo funcionario pidió el aplazamiento argumentando que tenía otras prioridades en Bucaramanga.

La investigación surge por el pago de unas bonificaciones que hizo a sus escoltas cuando era Alcalde en 2011, pese a que ellos eran policías y tenían un sueldo propio.  

Al respecto, Rodríguez Guerrero aseguró: "La Gobernación de Santander también venía pagando una bonificación a los escoltas desde 2011 hasta el año pasado".

Esta es la segunda vez que la Fiscalía llama al nuevo superintendente para imputarlo. La primera citación la hizo ese ente de control cuando Rodríguez Guerrero, quien es cercano al senador rojo Jaime Durán Barrera, se encontraba en plena campaña para llegar por cuarta vez a la alcaldía de Cimitarra con el aval del Partido Liberal. Esa audiencia no se realizó porque el abogado del entonces candidato estaba fuera del país.

 

Sábado, Febrero 20, 2016 - 17:46
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Aunque la administración del exalcalde de Bucaramanga Lucho Bohórquez, dejó como uno de sus legados la legalización de 32 barrios en la ciudad, lo cierto es que esa política terminó más en una jugada electoral, que en una que realmente impactará a cientos de familias de la ciudad.

De los 32 asentamientos que Lucho legalizó durante su administración, 20 de los cuales coincidieron con el arranque de las campañas electorales en julio de 2015, solo uno, Rincón de la Paz, tiene contratadas las obras de mitigación del riesgo.

Si bien, los procesos de legalización que adelantó Bohórquez sirvieron para que esos barrios se reconocieran como parte de Bucaramanga y para que entre otras cosas, pudieran tener acceso a servicios públicos y a inversión estatal, lo cierto es que ese es solo uno de los primeros pasos que se deben dar para impactar a las familias que habitan en zonas de riesgo.

Para que ese primer paso se pudiera cumplir se tenían que determinar los niveles de riesgo de las áreas en dónde estaban esos barrios, por lo que la Alcaldía de Lucho en 2014 contrató dos consultorías: una por $1600 millones para la zona norte y otra por $1390 millones para la zona sur.

El resultado en la zona sur de la ciudad, por ejemplo, fue que de los 13 asentamientos revisados, todos tenían áreas en alto riesgo e incluso algunos como Villas del Nogal o Brisas de Provenza estaban totalmente en riesgo. Los mismos estudios determinaron que para no reubicarlos, el riesgo se podía reducir a través de obras de mitigación.

Sin embargo, hasta hoy esa reducción de amenazas está en el papel porque las obras, que van desde pantallas y muros de contención, hasta gaviones, suman $103 mil millones y la Alcaldía no tiene plata para hacerlas.

El otro problema está en que aún cuando Rodolfo Hernández logre hacer todas las obras de mitigación para frenar el riesgo en el que se encuentran esos 32 nuevos barrios de la ciudad, también deberá garantizar la reubicación de las viviendas a las cuales ni las obras libran de las amenazas por derrumbes.

Precisamente los mismos estudios determinaron, en el caso de la zona sur, que el 30 por ciento de las casi 70 hectáreas que componen esos 13 barrios, con obras o sin ellas siguen estando en alto riesgo. No obstante, ese 30 por ciento entró en la legalización.

Según Mauricio Mejía, el entonces secretario de Planeación de la Alcaldía, se hizo la salvedad e incluso se socializó con las comunidades, que las viviendas que quedaron en ‘zona roja’ debían reubicarse.

La Silla conoció que en el Concejo se están preparando para un debate de control político porque quieren conocer al detalle los estudios que se hicieron para adelantar las legalizaciones y mirar su fidelidad. También quieren saber cómo va a hacer la Alcaldía para terminar con la política a medias que dejó Lucho en su administración.

 

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