Menú principal

Lunes Noviembre 29, 2021

Mañana nacerá oficialmente el Santuario de Fauna Acandí-Playón-Playona, que protege 14 kilómetros de la costa chocoana en el Golfo de Urabá y al lado de la frontera con Panamá, donde anidan las tortugas caná y carey. Este es el tercer gran éxito este año de Parques Nacionales -después de la ampliación de Chiribiquete y la declaratoria de Corales de Profundidad- y apenas uno de los proyectos de parques con los que está corriendo contra el reloj porque tiene poco más de seis meses para avanzar en los procesos y así blindarlos contra la minería.

La razón se remonta al temor que despertó la reapertura de la ventanilla de títulos mineros en julio -que duró dos años congelada mientras se ordenaba el caos en el que estaba el catastro minero- de que muchas áreas naturales que están en proceso de ser protegidas pudieran ser solicitadas por empresas mineras. Y que, al avanzar al mismo tiempo el proceso de titulación y el de declaratoria de parques, pudiesen quedar problemas a futuro como el que aún existe con el título que tiene la minera canadiense Cosigo Resources dentro del Parque Yaigojé-Apaporis en el Vaupés, otorgado dos días después de creado el área natural en 2009.

La 'solución salomónica' a la que llegaron los ministros de Minas y Ambiente en mayo fue que todas las zonas que están en proceso de protección serían excluidas del área titulable para minería mientras tanto. Estas “reservas de recursos naturales”, incluyendo a Acandí, quedaron protegidas durante un año, que podría ser prorrogado en julio próximo por otro más.

Por esta razón Parques Nacionales -que dirige Julia Miranda- está corriendo con los procesos, ya que solicitar un título tarda un par de meses pero declarar un parque puede demorarse hasta cinco años por la consulta previa con los grupos étnicos de la zona, como en el caso de Chiribiquete.

Estos procesos ya no deberían demorarse tanto como antes porque, como contó La Silla, uno de los pocos efectos 'benéficos' de la caída de la reforma al código de minas es que ya no es obligatorio el concepto previo de MinMinas para las nuevas áreas, un requisito que paralizó procesos como el de la Estrella Fluvial del Inírida -que será declarado humedal Ramsar- durante dos años. Pero que en todo caso sí se demoran más de lo que le toma evaluar las solicitudes a la Agencia Nacional de Minería, que dirige María Constanza García y que ha venido negando toda solicitud que se haga dentro de áreas protegidas.

En especial, Parques Nacionales está corriendo para crear las áreas que protejan ecosistemas que no están representados en el sistema de Parques y que han sido identificados como prioritarios en el Plan de Desarrollo de Santos.

Para salvaguardar los ecosistemas marinocosteros, como el de Acandí, están Bahía Portete en La Guajira -que está terminando la fase de consulta y podría pasar al último paso en la Academia de Ciencias a comienzos del próximo año- y Cabo Manglares en Nariño.

Para preservar los ecosistemas del Orinoco están las Selvas de Lipa (Arauca), Cumaribo (Vichada) y Manacacías (Meta), cuyos procesos también están avanzados y protegerán amplias zonas de los Llanos, una de las regiones menos representadas. Y para el bosque seco tropical, los Bosques Secos del Río Patía -entre Cauca y Nariño- y el que reúne la Serranía de San Lucas y los Humedales de Nechí entre Antioquia y Bolívar.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mar, 2013-12-17 12:06
minas abiertas en los bordes de los parques nacionales. Y las zonas de amortiguación? Y el sentido común? La tal locomotora minera nos lleva directo al barranco del ecocodio
Añadir nuevo comentario

Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
0
2882

Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
0
2378

Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
0
9837

La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

Páginas