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Sábado Diciembre 14, 2019

Anoche el Consejo de Estado eligió un nuevo miembro. Y, como ya lo había hecho la semana pasada  escogió a un magistrado distante del círculo del Procurador, en lo que es el segundo mal presagio para el futuro de Alejandro Ordóñez en la procuraduría ahora que la Corporación tendrá que estudiar la nulidad de su reelección.

El elegido ayer es Guillermo Alfonso Sánchez Luque, un abogado rosarista con maestría en derecho constitucional de línea liberal y quien viene de trabajar con consejeros de la orilla opuesta a Ordóñez.

Hasta ahora era magistrado auxiliar de Ramiro Pazos, un magistrado de claro corte liberal que votó con la mayoría en dos decisiones claves para el caso de Ordóñez: la que anuló la elección de Francisco Ricaurte en el Consejo Superior de la Judicatura con argumentos similares a la que hundiría la del Procurador; el que decidió sobre la tutela que perdió Petro en el caso de la medidas cautelares de la Cidh (los que le dieron la razón a Petro seguramente estarán en contra del Procurador ahora).

Antes de trabajar con Pazos, Sánchez había sido magistrado auxiliar de Danilo Rojas, uno de los magistrados más distantes de Ordoñez y quien también votó con las mayorías en los casos de Ricaurte y Petro.

En la lista de la que fue elegido Sánchez para reemplazar a Enrique Gil (un conservador, aunque no de la rosca de Ordóñez) había un candidato de la cuerda de Ordóñez: Jaime Rodríguez Navas, el decano de la facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, alma máter de Ordóñez y donde el Procurador fue profesor durante largos años y tiene mucha influencia.

Aunque aún quedan siete vacantes para llenar en el Consejo de Estado, y no hay una mayoría de la orilla opuesta a Ordóñez, sus cinco aliados incondicionales se quedan cada vez más solos. Y, aún si al final su elección no termina anulada, su poder se está resquebrajando. Por lo menos allá.

Perfiles relacionados: 
Alejandro Ordóñez
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Mié, 2015-07-22 15:38
Lasilla llora porque le duele o llora para que le duela, anuncienlo abiertamente sin veneno entre lineas, se ponen a disfrasar, como si estuvieran narrando una pelea de box o el tour de france, su disgusto porque el consejo saque a este fanático que lo único que hace es poner a la procuraduría en tela de juicios y a que pierda credibilidad, por un lado y por el otro Juanita y su combo hacen ver al consejo de estado como el inquisidor que manda al procurador a la hoguera, ambas entidades tienen defectos, pero no se puede decir que sean malas y por culpa de un procurador politiquero y la silla con algunos de sus periodistas que en su momento fueron arrodillados ante el paramilitarismo de uribe se muestren estas entidades inviables, si tanto quieren mostrar imparcialidad, presionen para que en cada una de estas entidades los funcionarios se dediquen a realizar sus funciones, con honestidad y ética
Mié, 2015-07-22 13:59
Ojala contnuen asi, en las corporaciones judiciales se requiere jueces no cruzados para quienes lo importante es el credo y no la justicia fundada en la constitucion y leyes.
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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