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Domingo Noviembre 17, 2019

Anoche el Consejo de Estado eligió un nuevo miembro. Y, como ya lo había hecho la semana pasada  escogió a un magistrado distante del círculo del Procurador, en lo que es el segundo mal presagio para el futuro de Alejandro Ordóñez en la procuraduría ahora que la Corporación tendrá que estudiar la nulidad de su reelección.

El elegido ayer es Guillermo Alfonso Sánchez Luque, un abogado rosarista con maestría en derecho constitucional de línea liberal y quien viene de trabajar con consejeros de la orilla opuesta a Ordóñez.

Hasta ahora era magistrado auxiliar de Ramiro Pazos, un magistrado de claro corte liberal que votó con la mayoría en dos decisiones claves para el caso de Ordóñez: la que anuló la elección de Francisco Ricaurte en el Consejo Superior de la Judicatura con argumentos similares a la que hundiría la del Procurador; el que decidió sobre la tutela que perdió Petro en el caso de la medidas cautelares de la Cidh (los que le dieron la razón a Petro seguramente estarán en contra del Procurador ahora).

Antes de trabajar con Pazos, Sánchez había sido magistrado auxiliar de Danilo Rojas, uno de los magistrados más distantes de Ordoñez y quien también votó con las mayorías en los casos de Ricaurte y Petro.

En la lista de la que fue elegido Sánchez para reemplazar a Enrique Gil (un conservador, aunque no de la rosca de Ordóñez) había un candidato de la cuerda de Ordóñez: Jaime Rodríguez Navas, el decano de la facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, alma máter de Ordóñez y donde el Procurador fue profesor durante largos años y tiene mucha influencia.

Aunque aún quedan siete vacantes para llenar en el Consejo de Estado, y no hay una mayoría de la orilla opuesta a Ordóñez, sus cinco aliados incondicionales se quedan cada vez más solos. Y, aún si al final su elección no termina anulada, su poder se está resquebrajando. Por lo menos allá.

Perfiles relacionados: 
Alejandro Ordóñez
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Mié, 2015-07-22 15:38
Lasilla llora porque le duele o llora para que le duela, anuncienlo abiertamente sin veneno entre lineas, se ponen a disfrasar, como si estuvieran narrando una pelea de box o el tour de france, su disgusto porque el consejo saque a este fanático que lo único que hace es poner a la procuraduría en tela de juicios y a que pierda credibilidad, por un lado y por el otro Juanita y su combo hacen ver al consejo de estado como el inquisidor que manda al procurador a la hoguera, ambas entidades tienen defectos, pero no se puede decir que sean malas y por culpa de un procurador politiquero y la silla con algunos de sus periodistas que en su momento fueron arrodillados ante el paramilitarismo de uribe se muestren estas entidades inviables, si tanto quieren mostrar imparcialidad, presionen para que en cada una de estas entidades los funcionarios se dediquen a realizar sus funciones, con honestidad y ética
Mié, 2015-07-22 13:59
Ojala contnuen asi, en las corporaciones judiciales se requiere jueces no cruzados para quienes lo importante es el credo y no la justicia fundada en la constitucion y leyes.
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Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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