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Lunes Mayo 25, 2020

La Corte Constitucional decidió una demanda clave de tierras de la que depende el emblemático caso de recuperación de tierras de los campesinos de Las Pavas, que estaba embolatada hasta que el cuestionado magistrado Jorge Pretelt tuvo que declararse impedido. Y ahora la posición de Pretelt fue derrotada.

La semana pasada la Corte tumbó -por 6 votos contra dos y con ponencia de Alberto Rojas- dos artículos de la Ley 160 que congelaban los procesos de extinción de dominio de tierras mientras estaba pendiente un fallo definitivo de una corte o tribunal.

Esos artículos aseguraban en la práctica que un demandado podía dejar congelado por muchos años un proceso de extinción en su contra, especialmente usando el muy lento recurso de revisión en el Consejo de Estado, que suele demorarse entre 10 y 15 años, y que ha sido usado en unos 200 de estos casos.

Precisamente un recurso de revisión tenía bloqueado el caso de las 109 familias campesinas de Las Pavas, que recibieron el Premio Nacional de Paz en 2013 por ser -en palabras del presidente Juan Manuel Santos- “un modelo, como pocos, de resistencia pacífica ante la acción de los violentos” que le apostaron a resolver su caso por la vía legal y sobreponiéndose al acoso permanente de los palmicultores que ocupan sus terrenos en el sur de Bolívar.

Los predios de Las Pavas tienen un proceso de extinción de dominio que decretó el Incoder porque los campesinos encontraron abandonados esas tierras en 1997. Pero ese proceso quedó congelado porque su actual propietario en papeles, el empresario José Ernesto Macías (que compró Las Pavas después de que los campesinos fueran obligados a huir y que argumenta que ellos son ocupantes ilegales) usó ese recurso de revisión en el Consejo de Estado.

La Corte explicó que el congelamiento del proceso de extinción no puede ser automático, sino que en cada caso la parte que lo quiere debe alegarlo y el juez debe decidirlo. Mientras no haya una decisión, la extinción sigue andando.

En el caso de Las Pavas, eso significa que el Incoder podrá solicitarle ahora a la Supernotariado que inscriba las  resoluciones de extinción de dominio en los papeles de esas tierras, el punto en el que quedó pendiente el trámite y que es indispensable para que los campesinos pidan esos predios como tierras baldías.

En caso de que Macías solicite la suspensión, la magistrada Olga Valle de la Hoz -que lleva el caso- tendrá que sopesar eso y el hecho de que en una sentencia de 2011 la propia Corte los reconoció como víctimas de desplazamiento y le ordenó al Gobierno reabrir los procesos de titulación y frenar los desalojos solicitados por Macías hasta que el caso se resolviera.

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Mié, 2015-10-14 07:54
Esperemos que la Corte si haga Justicia. Porque hasta ahora, lo único que han hecho, es defender a a sus amigotes.
Jue, 2015-10-08 21:24
Este es un país Santanderista, leguleyo de sobremanera, el fraude procesal y las demoras propias de nuestro sistema, son el pan de cada día La corte Constitucional, el Consejo de Estado y La Corte Suprema deben recuperar el prestigio que siempre tuvieron, la potestad, que inspiraba respeto, los escándalos de los últimos años nos ha dejado impertérritos. Esperamos se vayan depurando, recuperando, será muy lento, no hay duda.
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Otros confidenciales recientes

Miércoles, Febrero 24, 2016 - 00:23
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En medio de versiones confusas, el hoy director de Gestión Riesgo de Santander y copresidente del Centro Democrático en el departamento, Ramón Ramírez, ha salido a defender la nota de Caracol Noticias en la que lo señalan de recibir más de $60 millones como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Alfredo Ramos sin trabajar en ella. 

Primero dijo que durante todo el año pasado sí había continuado haciendo las labores por las que le pagaron legalmente desde agosto de 2014 (luego de su fallida candidatura a la Cámara) a enero de 2015 (fecha en la que le pidireron la renuncia, según las declaraciones del mismo senador Ramos, por malo); luego dijo que estaba trabajando para todo el Centro Democrático y no solo para el senador Ramos y completó diciendo que despachaba desde Santander. 

Ramírez  fue elegido en mayo de 2015, en la víspera del arranque de la campaña electoral de ese año, como copresidente del Centro Democrático, y pese a que al menos en el papel era funcionario público, participó activamente de todas las campañas a las que se sumó ese partido, incluida la de Didier Tavera, quien como contraprestación lo nombró en el cargo que hoy tiene.

Sin embargo, Ramírez, por estar cobrando salario en el Congreso como UTL, no podía hacer campaña política. Es decir, además de responder por haberse quedado con un salario que presuntamente no debía, (en eso coinciden desde el Senador, hasta la Oficina de Control Interno del Congreso que remitió la investigación a la Contraloría), la Procuraduría también podría entrar a mirarlo por participar en política y al mismo tiempo ser funcionario en el Congreso.

Sobre eso Ramírez también cambió la versión, y pese a que en toda la campaña el año pasado le dio declaraciones a medios en Santander, entre esos a La Silla, como copresidente del Centro Democrático, ahora dice que no hizo política; y las fotos en diferentes campañas se las atribuye a reuniones privadas.

En conversación con La Silla sobre su participación en política, se defendió preguntando si había dado algún discurso. Este medio encontró que sí lo hizo en un acto de adhesión de la campaña de Iván Aguilar (el entonces candidato del uribismo que fue sacado de la contienda por la Gobernación tras un fallo del CNE) a la de Didier Tavera.

Este es el primero de los nombramientos de Tavera que empieza a tambalear por presuntas irregularidades; falta ver si lo mantiene o si lo retira mientras los entes de control lo investigan. 

Ramón Ramírez (tercero de derecha a izquierda) durante la adhesión de una facción del Centro Democrático a la campaña liberal de Carlos Ibáñez por la Alcaldía de Bucaramanga. Foto tomada de redes sociales. 
Ramón Ramírez junto a candidatos al Concejo de Floridablanca en el cierre de campaña de Héctor Mantilla, en Floridablanca. Foto tomada de redes sociales.
Ramón Ramírez (primero de izquierda a derecha) junto a otros miembros de Centro Democrático en Santander y Danny Ramírez, alcalde de Piedecuesta. Foto tomada de redes sociales. 

 

Conversación de La Silla con Ramón Ramírez a través de whatsapp. 
Martes, Febrero 23, 2016 - 13:04
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Ayer, luego de varias reuniones, el ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, terminó de ultimar detalles con el general Rafael Colón, de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), y llegaron a los 20 municipios de la primera fase de desminado para este año. La Silla conoció cuales son. Aquí está la lista.

Martes, Febrero 23, 2016 - 10:58
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Desde el 25 de enero, cuando la Corte Constitucional le reactivó una orden de captura por sus vínculos con los paramilitares, al médico zenú Pedro ‘el Indio’ Pestana no le han faltado las manifestaciones de apoyo entre los miembros de esa etnia indígena, en Córdoba y Sucre, donde los últimos 15 años ha construido su fortín político. Este fin de semana, los militantes de su grupo aprovecharon las corralejas que se celebraron en el municipio sucreño de San Antonio de Palmito, que hace parte del área de influencia del ‘Indio’, para expresarle su respaldo público.

En esa población del Golfo de Morrosquillo, algunos habitantes visten desde la semana pasada camisetas con el mensaje “De corazón soy pestanista y martinista”, en honor a Pestana y a su socio político Antonio Martínez Hernández, también indígena y requerido por la justicia por nexos con los paramilitares.

Ese apoyo “de corazón” se trasladó a las corralejas, que terminaron ayer. Allí los pestanistas y martinistas salieron al ruedo con pancartas en honor a los dos políticos prófugos, como lo muestran estas fotografías.

 

A Pestana y a su socio Martínez, el Tribunal Superior de Bogotá los condenó a seis años de prisión en 2009 porque en 2006 acordaron con el ex jefe paramilitar alias Don Antonio trabajar desde la etnia zenú a favor de las autodefensas. Pero, no han estado ni un solo día en prisión porque argumentaron haber pagado su condena en una cárcel indígena, en San Andrés de Sotavento. Ese argumento la Corte Constitucional lo dejó sin validez en enero pasado y de inmediato les ordenó a las autoridades la captura de ambos y su traslado a una cárcel ordinaria.

Como contó La Caribe, Pedro Pestana es un súper poder en Córdoba y Sucre porque ha consolidado una engrasada maquinaria electoral en los municipios de San Andrés de Sotavento, Chimá, Tuchín, Momil, Sampués y San Antonio de Palmito, gracias a la IPS Manexka, que fundó en 1998. Esa entidad le presta servicios de salud a unos 250 mil indígenas, quienes elección tras elección se convierten en potenciales votos para los candidatos respaldados por Pestana.

Pestana tiene hoy una curul en el Senado y otra en la Asamblea de Sucre, a través de sus hermanas Yamina y Ana, respectivamente; participación en el gabinete del gobernador de Sucre Edgar Martínez con la secretaria administrativa Acela Calderín, un diputado en Córdoba y la Alcaldía de Tuchín.

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