LA SILLA VACIA

La antigua AUX, dueña de unos de los principales proyectos de minería en la región del páramo de Santurbán, ya tiene sustituta: la Sociedad Minera de Santander SAS, propiedad de la poderosa compañía Mubadala. Tal y como lo contó en exclusiva La Silla Santandereana.

La firma tendrá que afrontar la polémica que suscitan los proyectos mineros en esta región santandereana -aunque el suyo no esté en zona de páramo- . Una polémica que el Alcalde del municipio de California (donde está ubicada la mina), un político poderoso que ganó las recientes elecciones con una ficha suya, está avivando.

Hace más de un año, en septiembre de 2014, se supo que la empresa minera AUX, antes propiedad del otrora multimillonario brasilero Eike Batista, pasó a manos de otros en medio de la quiebra del magnate (y el pago de sus deudas).

Se habló entonces de “un fondo de inversionistas de Qatar”. Después, en abril de éste año, El Espectador publicó una historia llamada “El oro de California, en manos árabes” y contó, a propósito además del escándalo por los contratos de Tony Blair, que el proyecto minero de AUX estaba en manos del fondo árabe Mudabala, oriundo de Abu Dabi. 

Mubadala es realmente una inmensa compañía de inversiones, con activos superiores a los 69 mil millones de dólares y propiedad del gobierno de dicho emirato. Su Presidente es el príncipe Mohammed bin Zayed Al Nayhan, hijo del fundador de los Emiratos Árabes Unidos (que conforman, entre otros, Abu Dabi y Dubái) y comandante adjunto de las fuerzas militares de dicho país; y sus negocios abarcan distintas industrias alrededor del mundo, en una apuesta por diversificar una economía edificaba sobre la riqueza petrolera -de acuerdo a su página web-.

La conformación legal de la Sociedad Minera de Santander, que sustituye a AUX limitada en los títulos mineros de California, se hizo pública en el municipio el pasado 11 de noviembre, durante un foro de minería organizado por la adminsitración municipal de Víctor Arias Celis.

El alcalde, quien ayudó a elegir a su sucesor por el Centro Democrático (Hugo Lizcano), convocó al "Foro Social para el Desarrollo de California", para discutir sobre el incumplimiento de las multinacionales a compromisos previos. Y en la invitación que él mismo hizo en su Facebook el pasado 5 de noviembre agregó este comentario: “No a las políticas laborales y sociales de la empresa AUX”.

La Silla asistió al evento y confirmó que uno de los motivos de presión que las multinacionales siguen afrontando en la región es el empleo, más allá de las protestas sociales por temas ambientales (ya que se podría afectar el páramo, la fábrica de agua de muchos municipios del departamento).

Esta vez, la exigencia que abanderó el alcalde y cacique político de California, Víctor Arias Celis, respaldado por líderes del municipio (concejales electos y empresarios de la región)  fue la generación de empleos directos para los californianos, así como la contratación de empresas del municipio para los servicios adicionales que la minera, en este caso la Sociedad, requiera.

El Alcalde de California, Víctor Arias Celis

Según pudimos evidenciar, estas peticiones nacen de la expectativa que genera la reactivación del proyecto en la región y están especialmente focalizadas hacia la inversión de Abu Dabi, ya que la otra empresa minera que hace exploración en el municipio, Eco Oro (antigua Grey Star), según los mismos participantes del foro, cada vez está más reducida y frenada en actividades.

Sobre el tema de los empleos, la representante de la Sociedad Minera, María Fenney Rodríguez, aseguró que de los 120 operadores que tiene hoy la Sociedad,  57 son de California y 29 de los demás municipios de Santurbán. También afirmó que hay 182 empleos (algunos ya generados, otros pendientes) de los cuales 118 son para californianos.

No obstante, tanto Arias como voceros de la comunidad mostraron su inconformidad por la forma de emplear de la minera: según ellos, los californianos tienen la oportunidad de laborar para la empresa por tan solo 2 o 3 meses, con salarios que rondan por el mínimo y con el agravante de ser subcontratados por pequeñas empresas de sus coterráneos, a quienes la minera contrata para hacer la intermediación.

Al respecto, la representante de la Sociedad dijo en el foro que “los empleos directos se van a generar en la medida y en la fase en la que se encuentre el proyecto. En este momento nos encontramos en fase de estudios. Cada fase trae sus especificaciones de empleos”.

El foro no terminó con una solución pública pero sí con una reunión pendiente para este viernes entre la Sociedad, la Alcaldía y líderes de la comunidad para asumir un compromiso real sobre el tema laboral. 

Lo cierto es que el proyecto de la Sociedad Minera de Santander ya tiene un opositor influyente declarado. Falta ver qué se le viene durante la reactivación, con los antecedentes de un debate que agita a la región, incluso a Bucaramanga.

* Esta nota fue actualizada el 17 de noviembre de 2015, a las 03:42 pm, con la información del foro.

Otros confidenciales recientes

Martes, Marzo 15, 2016 - 10:45
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Desde que hace una semana se supo que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez estaba hospitalizado en Soacha por problemas cardíacos, los familiares del asesinado exconcejal de Barrancas Luis López Peralta sugirieron que podría tratarse de una estrategia de dilación de Kiko para posponer los alegatos de conclusión en el juicio que afronta por el crimen de López. En efecto, la audiencia programada para el viernes pasado quedó pospuesta por la ausencia de Kiko y la nueva fecha todavía no se conoce a ciencia cierta.

Resulta que en el proceso en el que el exmandatario está acusado de ser el autor intelectual del crimen del exconcejal, la juez tuvo que reprogramar la lectura de los alegatos de conclusión para el 6 de abril por la hospitalización de Kiko. Y hasta reservó una tercera fecha, el 20 de abril, por si para la primera semana de abril Kiko sigue en el hospital.

Esa diligencia depende de la salida del exgobernador del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, donde está internado desde el 26 de febrero, pero la salida también es incierta.

La Silla llamó al Inpec, que es la entidad encargada de atender a la población carcelaria en el país, para conocer de qué depende el regreso de Kiko a su celda en La Picota y allí nos aseguraron que los médicos deben instalarle en estos días un dispositivo en el corazón (stent) antes de determinar si ya se encuentra en condiciones de salir.

El vocero del Inpec también le dijo a La Silla que para tener un segundo diagnóstico sobre la salud de Kiko, la entidad le pidió al Instituto de Medicina Legal evaluarlo y está a la espera de una respuesta.

Las dudas sobre el verdadero estado de salud de Kiko aumentaron el viernes, día en que no se hizo la audiencia, porque Semana publicó una fotografía en la que se le ve relajado, sin conexión a ningún aparato médico y aparentemente viendo televisión.

Esa fotografía va en contravía a lo que informó el Inpec el 8 de marzo, cuando dijo que, según el reporte médico del hospital, Kiko tuvo que dejar su celda en febrero porque tenía angina inestable, arritmia cardíaca y podría necesitar una operación urgente.

En las casi tres semanas que Kiko lleva en el hospital no se sabe qué procedimientos le han realizado allí. Por esa hospitalización la juez novena especializada de Bogotá, que lleva el juicio por el crimen del exconcejal, ordenó investigar al director de La Picota porque se enteró por los medios de comunicación y no por el Inpec, como es el debido proceso.

Lunes, Marzo 14, 2016 - 11:07
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Hoy Bogotá amaneció paralizada en algunos sectores y hay brotes de protesta en otras ciudades por cuenta del paro de taxistas en contra de Uber. Una plataforma que sigue creciendo en usuarios y conductores, que fue multada la semana pasada por la Superintendencia de Transporte porque que su servicio no está autorizado en el país y se ha convertido en el blanco de odio de los taxistas.

En gran parte es el resultado de que -como contó La Silla en noviembre- el presidente Juan Manuel Santos en cambio de resolver el problema se lo pasó al Congreso. Y allí, el tema está congelado.

El pasado 24 de noviembre, Santos firmó un decreto para reglamentar los taxis de lujo pero le pasó al Congreso el verdadero problema: la reglamentación de las plataformas tecnológicas como Uber.

Como contó La Silla, el decreto de Santos decía que para poder prestar el servicio de taxis de lujo, los prestadores tendrán que convertirse o “habilitarse” como empresas prestadoras de este servicio. Un servicio que Uber nunca ha contemplado.

Al día siguiente, en cambio, Uber acompañó al senador de Cambio Radical, Juan Carlos Restrepo y a los representantes liberales Olga Lucía Velásquez y Mario Fernández a radicar el proyecto de ley que reglamenta el servicio que ellos sí prestan: el que “crea el servicio privado de transporte solicitado mediante plataformas tecnológicas”, como dice su comunicado de prensa, y que busca que operen servicios como UberBlack, uberX, UberBICI, UberÁngel, UberPET, UberEnglish, Uber para Empresas, etc.

Lo radicaron casi un mes antes de que se acabaran las sesiones ordinarias en el Congreso y ante la Comisión Sexta de Senado. Sin embargo, la semana pasada -cuando los taxistas anunciaron que se iban a ir en paro contra Uber- los autores retiraron el proyecto de Senado y lo radicaron en la comisión sexta de Cámara porque en Senado no tuvo ambiente para avanzar.

De hecho, el presidente de la comisión sexta en el Senado, Jorge Hernando Pedraza, no designó ponente del proyecto -según le contó a La Silla uno de los autores-, que es el primer paso para que el proyecto arranque su trámite.

Eso quiere decir que el proyecto de ley para reglamentar Uber sigue en ceros. Y por ahora, no tiene un camino fácil. La agenda legislativa de este año está sobrecargada con los proyectos de ley que se vienen para la implementación de los acuerdos de paz, la segunda vuelta del acto legislativo para la paz y la convocatoria al plebiscito, si es que este próspera en la Corte Constitucional. El próximo año además, está la reforma tributaria que el gobierno aplazó.

Así que por ahora el problema de Uber y de los taxistas seguirá vivo.

Viernes, Marzo 11, 2016 - 07:54
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Empresas y entidades sin ánimo de lucro que se han dado a conocer en el país por presuntas irregularidades en la ejecución de los millonarios contratos para la entrega de los refrigerios escolares en el país, se reencaucharon y con fuerza en Santander.

La Silla revisó los contratos que han suscrito los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Barrancabermeja y la Gobernación de Santander y encontró que en medio de varios hechos que llaman la atención cientos de millones de recursos fueron entregados directamente por las administraciones para implementar el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

En Floridablanca, Héctor Mantilla le entregó un contrato a la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa para que ejecutará la alimentación escolar a 12.309 niños por 115 días.

Esa organización, que al menos en el papel no tiene ánimo de lucro, es la misma que en estos momentos está enfrentando denuncias en Norte de Santander por el mal estado de los alimentos que les está entregando a menores de edad; es originaria de Sincelejo, y según los estados financieros reportados en el Registro Único de Proponentes, en 2014 tenía un patrimonio de $2.380 millones, cuando en 2004 se creó con $18 millones.

Sus socios guardan relaciones de amistad, según sus páginas de Facebook, con varios políticos santandereanos, entre esos, Óscar Villamizar, hijo del senador santandereano condenado por el carrusel de las Notarías Alirio Villamizar y hermano de Ingrid Villamizar, la actual secretaria de Desarrollo Social de Mantilla.

Sin embargo, según Villamizar no conoce a los socios de esa corporación. "Tengo más de 5000 amigos en Facebook... lo que hace imposible literalmente que conozca a cada una de las personas que se encuentran en él".

La principal particularidad en el contrato que el 8 de febrero suscribió Mantilla está en el valor de los refrigerios. La Silla hizo las cuentas y encontró que el alcalde de Floridablanca está pagando $2.296 por cada ración de alimento, cuando en febrero de 2015, en un contrato que se hizo para el mismo fin, el valor de cada porción fue de $1.828.

Sin embargo, según la Administración de Mantilla los valores entre los dos contratos nos son comparables porque "aumentamos la cobertura y estamos pagando mayor cantidad de almuerzos que son más costosos que los refrigerios. Además la totalidad de los refrigerios son industrializados (que son los más caros) eso no era así en el pasado contrato".

Por su parte, en Barrancabermeja Dario Echeverri decidió suscribir un contrato con la Cooperativa para el Desarrollo de las Comunidades por $3.821 millones el pasado 24 de febrero.

Aunque Echeverri está pagando por la alimentación del mismo número de niños y de hecho lo hizo con la misma empresa que hasta septiembre del año pasado ejecutó el programa en su municipio, el valor de cada refrigerio se disparó en 35%.

Y es que mientras que en 2015 se pagaron $1.390 por cada refrigerio, este año en Barranca le cobraron $2.111 al municipio sin explicación sobre esa decisión, debido a que las condiciones y la cantidad calórica de la alimentación debe cumplir las mismas características que el año pasado.

Sobre el valor de la ración, desde la administración de Echeverri se señaló que la diferencia obedece a que en el contrato pasado el número de días del suministro fue mayor; sin embargo, La Silla no encontró la adición al contrato inicial.

Esa corporación es originaria de Cartagena al igual que las que el cuatrienio pasado, en medio de cuestionamientos y licitaciones denunciadas por presuntas irregularidades, ejecutaron la entrega de los refrigerios escolares en Bucaramanga. Dos de sus socios –John y Germán Stummo Guerra- son hermanos del excandidato a la Alcaldía de Nueva Granada en Magdalena, Jandy Stummo Guerra, quien en 2012 fue condenado por el 'pacto de Chivolo' .

En Santander, los refrigerios están siendo entregados por la Unión Temporal ‘Alimentación escolar de Santander 2016’ pero la Gobernación omitió publicar los nombres de los integrantes; no obstante, La Silla rastreó a Luisa Fernanda López Rincón, quien aparece firmando como representante legal, y encontró que hace parte de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, empresa que también ha sido denunciada en el país por irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar.

En Piedecuesta y Girón ni se han empezado las licitaciones y tampoco se ha contratado bajo la figura de urgencia la entrega de los refrigerios. En Bucaramanga la licitación va andando y está en pliegos definitivos.

Nota de la editora: Este artículo fue actualizado el 12 de marzo con información relacionada con las versiones de las Alcaldías contratantes.

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