LA SILLA VACIA

La antigua AUX, dueña de unos de los principales proyectos de minería en la región del páramo de Santurbán, ya tiene sustituta: la Sociedad Minera de Santander SAS, propiedad de la poderosa compañía Mubadala. Tal y como lo contó en exclusiva La Silla Santandereana.

La firma tendrá que afrontar la polémica que suscitan los proyectos mineros en esta región santandereana -aunque el suyo no esté en zona de páramo- . Una polémica que el Alcalde del municipio de California (donde está ubicada la mina), un político poderoso que ganó las recientes elecciones con una ficha suya, está avivando.

Hace más de un año, en septiembre de 2014, se supo que la empresa minera AUX, antes propiedad del otrora multimillonario brasilero Eike Batista, pasó a manos de otros en medio de la quiebra del magnate (y el pago de sus deudas).

Se habló entonces de “un fondo de inversionistas de Qatar”. Después, en abril de éste año, El Espectador publicó una historia llamada “El oro de California, en manos árabes” y contó, a propósito además del escándalo por los contratos de Tony Blair, que el proyecto minero de AUX estaba en manos del fondo árabe Mudabala, oriundo de Abu Dabi. 

Mubadala es realmente una inmensa compañía de inversiones, con activos superiores a los 69 mil millones de dólares y propiedad del gobierno de dicho emirato. Su Presidente es el príncipe Mohammed bin Zayed Al Nayhan, hijo del fundador de los Emiratos Árabes Unidos (que conforman, entre otros, Abu Dabi y Dubái) y comandante adjunto de las fuerzas militares de dicho país; y sus negocios abarcan distintas industrias alrededor del mundo, en una apuesta por diversificar una economía edificaba sobre la riqueza petrolera -de acuerdo a su página web-.

La conformación legal de la Sociedad Minera de Santander, que sustituye a AUX limitada en los títulos mineros de California, se hizo pública en el municipio el pasado 11 de noviembre, durante un foro de minería organizado por la adminsitración municipal de Víctor Arias Celis.

El alcalde, quien ayudó a elegir a su sucesor por el Centro Democrático (Hugo Lizcano), convocó al "Foro Social para el Desarrollo de California", para discutir sobre el incumplimiento de las multinacionales a compromisos previos. Y en la invitación que él mismo hizo en su Facebook el pasado 5 de noviembre agregó este comentario: “No a las políticas laborales y sociales de la empresa AUX”.

La Silla asistió al evento y confirmó que uno de los motivos de presión que las multinacionales siguen afrontando en la región es el empleo, más allá de las protestas sociales por temas ambientales (ya que se podría afectar el páramo, la fábrica de agua de muchos municipios del departamento).

Esta vez, la exigencia que abanderó el alcalde y cacique político de California, Víctor Arias Celis, respaldado por líderes del municipio (concejales electos y empresarios de la región)  fue la generación de empleos directos para los californianos, así como la contratación de empresas del municipio para los servicios adicionales que la minera, en este caso la Sociedad, requiera.

El Alcalde de California, Víctor Arias Celis

Según pudimos evidenciar, estas peticiones nacen de la expectativa que genera la reactivación del proyecto en la región y están especialmente focalizadas hacia la inversión de Abu Dabi, ya que la otra empresa minera que hace exploración en el municipio, Eco Oro (antigua Grey Star), según los mismos participantes del foro, cada vez está más reducida y frenada en actividades.

Sobre el tema de los empleos, la representante de la Sociedad Minera, María Fenney Rodríguez, aseguró que de los 120 operadores que tiene hoy la Sociedad,  57 son de California y 29 de los demás municipios de Santurbán. También afirmó que hay 182 empleos (algunos ya generados, otros pendientes) de los cuales 118 son para californianos.

No obstante, tanto Arias como voceros de la comunidad mostraron su inconformidad por la forma de emplear de la minera: según ellos, los californianos tienen la oportunidad de laborar para la empresa por tan solo 2 o 3 meses, con salarios que rondan por el mínimo y con el agravante de ser subcontratados por pequeñas empresas de sus coterráneos, a quienes la minera contrata para hacer la intermediación.

Al respecto, la representante de la Sociedad dijo en el foro que “los empleos directos se van a generar en la medida y en la fase en la que se encuentre el proyecto. En este momento nos encontramos en fase de estudios. Cada fase trae sus especificaciones de empleos”.

El foro no terminó con una solución pública pero sí con una reunión pendiente para este viernes entre la Sociedad, la Alcaldía y líderes de la comunidad para asumir un compromiso real sobre el tema laboral. 

Lo cierto es que el proyecto de la Sociedad Minera de Santander ya tiene un opositor influyente declarado. Falta ver qué se le viene durante la reactivación, con los antecedentes de un debate que agita a la región, incluso a Bucaramanga.

* Esta nota fue actualizada el 17 de noviembre de 2015, a las 03:42 pm, con la información del foro.

Otros confidenciales recientes

Lunes, Marzo 7, 2016 - 07:17
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Esta es la imagen que está circulando en redes sociales y que pone en el sonajero presidencial al Procurador Alejandro Ordóñez.

En las últimas semanas el nombre del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado empezó a moverse más que de costumbre en el país.

Además de las imágenes que empezaron a circular en redes sociales preguntando sobre la aceptación que tendría su eventual candidatura a la Presidencia, los rumores sobre que ya estaría listo el fallo del Consejo de Estado que lo podría tumbar empezaron a tomar fuerza.

Con ese telón de fondo, La Silla supo que el alto funcionario está buscando acercamientos con la prensa regional, cuando por lo general su relación con medios locales no es muy cercana.

En el evento que tendrá lugar esta semana en Bucaramanga con todos los alcaldes de Santander y que es organizado por el ente de control que Ordóñez dirige, además de hacer su típica salida en rueda de prensa, el Procurador también dará entrevistas privadas.

De hecho Ordóñez estaría indagando por los medios con más rating y hasta estaría pensando en hacer una ronda para irlos a visitar, cuando por lo menos en los últimos cuatro años, no había hecho algo parecido en las regiones.

La inusual movida de Ordóñez le servirá en doble vía. Si el fallo del Consejo de Estado lo tumba podrá desde ya empezar a amortiguar los efectos de la decisión en su imagen; si lo que está pensando es en las presidenciales también le servirá de precampaña. Falta ver cuál de las dos es la que lo motiva más.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 19:03
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Esta semana ocurrió un hecho que volvió a sacar a flote la crisis financiera que desde hace años atraviesa el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena. El diputado de Cambio Radical Manuel Berrio Scaff presentó una queja de 394 páginas ante la Procuraduría Regional de Bolívar por presuntos malos manejos en la contratación. También pidió la suspensión de la gerente Elga Ehrhardt Gutiérrez. Los problemas de infraestructura y el déficit financiero del principal hospital de Bolívar terminaron enfrentando a dos pesos pesados de la política bolivarense: los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel Saad y William Montes, poderes detrás de Berrio y Ehrhard, respectivamente.

Manuel Berrio Scaff es un debutante en la Asamblea y miembro de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, en cabeza de su tío Vicente Blel. Mientras que Elga Ehrhardt Gutiérrez es una bacterióloga momposina que llegó en julio de 2012 a la gerencia del hospital, después de ganar un concurso de méritos. Aunque en la Cartagena política no es un secreto que tiene el respaldo del parapolítico William Montes.

El enfrentamiento entre Berrio y Ehrhard comenzó en enero pasado, cuando el diputado ingresó al Portal Único de Contratación para revisar los contratos de 2016 del hospital, pero solo encontró tres. Vía derecho de petición, le solicitó a la gerente copia de todos los contratos que hasta entonces, primera semana de febrero, hubiese firmado. El diputado recibió 44 contratos.

Tras revisarlos uno por uno, Berrio Scaff acusa a la gerente de haber fraccionado la contratación para evadir la convocatoria pública y adjudicar a dedo. El diputado asegura que solo, en enero, la gerente firmó 20 mil millones de pesos en contratos. Y que a todos les encontró irregularidades.

El diputado dice haber encontrado que tres proponentes de uno de esos contratos expidieron el mismo día y a la misma hora sus certificados de Cámara de Comercio. Lo que a su juicio prueba la estrategia de un mismo grupo de personas para mostrarse como tres firmas distintas. Berrio también denunció que varias de las pólizas fueron expedidas semanas después de la firma de los contratos, cuando por ley deben haber sido adquiridas antes de la firma.

Ante esas inconsistencias, Berrio citó a la gerente a un debate de control político el pasado 18 de febrero. Ese día, durante casi seis horas,  Ehrhard les explicó a los diputados el estado financiero del hospital y las condiciones en que esa institución terminó el 2015. Diez de los 14 diputados aprobaron el informe, uno no asistió y tres, incluido Berrio Scaff, se mostraron insatisfechos.

Tras ese debate y de terminar de documentar las inconsistencias que dice haber encontrado, el diputado Berrio Scaff redactó un extenso documento que le presentó este martes a la Procuraduría Regional de Bolívar.  Como contó La Caribe, esa entidad está en manos de Raúl Guerrero, un reconocido abogado y profesor universitario de Cartagena que es cercano al grupo de los Blel, dada su amistad con el concejal Vicente Blel Scaff, primo del diputado Berrio.

Aunque en la Cartagena política aplauden que el hospital vuelva a estar en la agenda política, no han faltado los que ven detrás de esas denuncias de Berrio intereses de su grupo político para presionar al gobernador de Bolívar Dumek Turbay por burocracia en su gabinete. Esto porque el hospital depende de la administración departamental y los Blel apoyaron a Turbay en las regionales pasadas, pero todavía no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Interpretaciones que el diputado Berrio le negó tajantemente a La Silla.

Las críticas a la gerente justo se dan en momentos en que el hospital suma pasivos cercanos a los 100 mil millones de pesos y por cuyas débiles finanzas el gobernador Turbay convocó, la semana pasada, a una reunión de emergencia, que contó con la presencia del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Allí se despejó el fantasma del cierre y se prometieron acciones para sacar a la institución de la crisis.

Mientras las soluciones de fondo llegan y se conocen las consecuencias de lo denunciado por el diputado Berrio, los estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron este lunes una asamblea permanente para exigirles a los gobiernos departamental y nacional mejores condiciones de infraestructura para el buen desarrollo de sus prácticas profesionales. Hoy, por ejemplo, no pudieron operar a varios de los pacientes porque en el hospital se agotaron las batas con las que las personas deben ingresar al quirófano, para no violar los protocolos de seguridad médica.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 14:28
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Hoy llegó a la Corte Constitucional la demanda en contra de la ley que crea las Zidres, un esquema para hacer megaproyectos en la Altillanura. La presentó un grupo de congresistas del Polo y Alianza Verde que, por lo menos en otras cuatro ocasiones, han actuado en bloque  en diferentes instancias, las más visibles litigando ante la Corte.

El combo lo conforman los congresistas del Polo Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla y por los lados de Alianza Verde, Inti Asprilla y Ángela María Robledo. Es decir, el grupo que conforma la izquierda más “política” y menos “económica”, y que se distancia tanto del liderazgo de Jorge Enrique Robledo en el Polo, como de los de Sergio Fajardo, Claudia López y Antonio Navarro entre los viejos verdes.

Como contamos a comienzos de febrero, el famoso frenazo que le puso la Corte Constitucional a los megaproyectos del vicepresidente Germán Vargas provino de una demanda contra el Plan de Desarrollo de Santos presentada por el mismo grupo.

“Ese bloque se creó en el Congreso”, explica un asesor cercano a uno de los congresistas “Los asesores jurídicos de todos tienen un chat colectivo y de ahí han salido las demandas”.

Pero la convergencia no se queda en esas demandas.

El 23 de febrero, ese grupo, más el antioqueño Víctor Javier Correa, envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez para contarle de la visita de unos eurodiputados que querían hablar del proceso de paz y de la situación de Iván Cepeda.

Lo mismo hicieron en enero cuando le escribieron una carta al entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidiéndole su renuncia. En ese caso también firmaron los verdes Angélica Lozano, Claudia López y Oscar Ospina.

Y es que la unión, si bien no tiene un propósito electoral explícito, va más allá de las demandas y sí puede llegar allá.

“Nosotros tenemos unas afinidades políticas que van más allá de las organizaciones a las que pertenecemos. Compartimos una posición sobre el proceso de paz, sobre el modelo económico. Pero que hayamos planteado una estrategia con algún propósito electoral, no” dice el senador del Polo, Iván Cepeda.

“El grupo está actuando junto en más temas, como lo de insistir en la negociación con el ELN” explica la representante Robledo. “Por ahora no tiene una pretensión de construir una precandidatura, pero si llega allá, en una convergencia con grupos del Verde, del Polo y de otros movimientos políticos o sociales, pues bienvenido”.

 

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