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Miércoles Abril 14, 2021

El polémico 'decreto navideño' sobre temas mineros -que firmaron cuatro ministros de Santos el día de Nochebuena- acaba de ser suspendido por el Consejo de Estado mientras decide de fondo.

Esa decisión es un golpe fuerte para el Gobierno. No solo porque se queda sin esa herramienta desde cuando se notifique el auto, sino porque muestra que para el magistrado ponente, Guillermo Vargas, el decreto es ilegal. Lo usual es que la ponencia siga la misma línea de argumentación del auto, y como en la mayoría de casos los demás magistrados aprueban las ponencias, lo más frecuente es que al final el Consejo de Estado termine delcarando la nulidad de las normas que suspende inicialmente.

Por eso, lo más probable es que la demanda que interpuso el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario termine con el decreto anulado.

La norma -que generó mucha resistencia en el sector ambiental y en los municipios- fue el resultado de un regaño de la Corte Constitucional, que en marzo del 2014 le jaló las orejas al Gobierno por no tener en cuenta a los municipios y las comunidades a la hora de ponerle orden al intenso debate sobre quién tiene la competencia para ordenar la minería en el país: si el gobierno nacional (al tratarse del subsuelo) o las autoridades locales (al tratarse de todo lo que sucede por encima).

En la decisión del jueves pasado, Vargas advierte que con ese decreto el Ministerio de Minas quedó en control de las decisiones sobre recursos naturales y que “respecto de las actividades mineras los municipios y distritos no puedan ejercer vigilancia, control, ni participación”.

El consejero de Estado también advierte que la ruta que creó el decreto para que los municipios puedan expresar sus preocupaciones era -como anticipó La Silla- más letra muerta que espacio útil pues el plazo de tres meses que les daba era insuficiente para presentar sus propuestas de protección de áreas.

Por eso, si el decreto sigue vivo, los municipios "no podrán implementar medida alguna para proteger el medio ambiente y garantizar la salubridad de sus pobladores frente a una posible afectación derivada del ejercicio de actividades de exploración o explotación minera, lo que quebranta los derechos y deberes ambientales consagrados en la Constitución y abre la puerta a un daño irreversible de los recursos hídricos”.

Auto decreta suspension provisional Dto 2691 de 2014.pdf by lasillavacia

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Tomás González Estrada
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Lun, 2015-07-06 21:10
Ese decreto no revive, salvo que los otros magistrados no acojan la decisión final.
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Febrero 11, 2016 - 11:37
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El médico Wilder Lagares Gullozo acaba de ser reelegido gerente de la ESE de Magangué ‘Río Grande la Magdalena’, por decisión del alcalde local Pedro Alí. Lo curioso es que hasta hace unas semanas, Alí prometía públicamente intervenir la entidad por mal funcionamiento y presunta corrupción.

Así lo señaló el mandatario apenas lo eligieron (como consta en un video colgado en facebook). Y lo reiteró, ya posesionado, en un enérgico discurso ante el Concejo de la ciudad. Frente a los cabildantes, Alí le habló directamente a Lagares y dijo que lo que no es viable “hay que revisarlo y liquidarlo”.

Pero no es lo único que llama la atención en la reelección del funcionario. En el decreto en el que Pedro Alí lo vuelve a designar gerente, por postulación de la junta directiva de la ESE en donde Alí es presidente, se asegura que Lagares sacó cinco sobre cinco en una evaluación que hizo la junta en 2014 a su gestión.

Una fuente conocedora nos explicó que, con la crisis en el sistema de salud, no es muy usual que un gerente del sector en el país alcance ese máximo puntaje. Además, en la ESE de Magangué se vienen presentando reiterados reclamos de trabajadores por retrasos en los pagos de los salarios y de las prestaciones sociales. Esto último nos lo contó Óscar Torres, directivo en Bolívar del sindicato nacional de trabajadores de la salud (Anthoc): “No entendemos cómo (Lagares) obtuvo esa calificación”, dijo el líder sindical.  

Wilder Lagares llegó hace cuatro años a ese cargo luego de un concurso de méritos, pero en Magangué no son secretas sus movidas políticas. En las recientes regionales, por ejemplo, llevó a Leidy Polo al Concejo.

Polo es considerada la concejal de Lagares y obtuvo el aval de Cambio Radical gracias a la gestión del representante de ese partido, Hernando Padauí, de quien es aliada. El grupo de Polo votó por Padauí a la Cámara, por Nadia Blel (la hija del parapolítico Vicente Blel) al Senado y por Pedro Alí a la Alcaldía.

Como lo contó La Silla Caribe, el Alcalde de Magangué llegó con recursos y movimiento propios, pero apoyado por el charismo y Cambio Radical y por buena parte de la estructura de la condenada empresaria Enilce López alias 'La Gata'.

Miércoles, Febrero 10, 2016 - 19:45
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Ayer, en su primera reunión de bancada del año, La U tomó la decisión de jugársela por la Defensoría del Pueblo.

Roy Barreras, co-presidente del partido, le dijo a La Silla que por unanimidad los 50 congresistas que estaban en la reunión de ayer acordaron pedirle al Gobierno la cabeza de esa entidad que quedó vacante tras el escándalo de Jorge Armando Otálora. Para eso, le pedirán que elija la terna que deberá presentar a la Cámara entre las hojas de vida que ellos pongan a su consideración.

“Sería un reconocimiento a la bancada más importante de la Cámara. Esperamos que el Presidente tenga la deferencia de considerar nuestra mejor propuesta”, agregó el representante de La U Didier Burgos a La Silla. “Tomamos la decisión de reclamar este reconocimiento a la bancada de La U”.

Por ahora suenan entre sus candidatos el secretario del partido, Carlos Negret, el ex candidato al concejo de Bogotá e hijo del senador Géchem, Eduardo Géchem. También el ex secretario del Partido, Oscar Rueda (aunque según Burgos se está postulando para la embajada China). Aunque algunos quisieran ver allí también al ex ministro Sergio Díaz Granados, esa aspiración no parece muy viable. 

A finales del año pasado La U se le rebeló al Presidente parándose de dos plenarias en las que discutían proyectos importantes como la ley de Zidres y el cupo de endeudamiento con el fin de que les de mayor representación en el Gobierno. Su presión se suma a la de los conservadores, que como contó La Silla, quieren mantener bajo su ala a la Procuraduría si finalmente cae Alejandro Ordóñez.

Miércoles, Febrero 10, 2016 - 17:13
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Las dos fuerzas que de unos años para acá se enfrentan por el poder en La Guajira hoy están unidas por la magia de los acuerdos burocráticos y en medio del drama nacional por la crisis del pueblo wayuu.

Se trata de La Gran Alianza que llevó al desprestigiado Kiko Gómez y a Oneida Pinto al poder (liderada por el exsenador Jorge Ballesteros) y Nueva Guajira (cuya cabeza más visible hoy es el actual presidente de la Cámara Alfredo Deluque). Desde ayer ambos movimientos convergen en el gabinete de la gobernadora Pinto, a quien Nueva Guajira enfrentó en las pasadas regionales con el exalcalde de Maicao Ovidio Mejía.

Oneida, cuyo partido es Cambio Radical, le entregó a Nueva Guajira la dirección del Instituto Departamental de Cultura, en cabeza del publicista Rubén Magdaniel Pabón. El nuevo funcionario ya había estado en esa silla durante el gobierno de Jorge Pérez Bernier, otro de los líderes de ese grupo. Y había sido también precandidato a la Alcaldía de Riohacha para las regionales de 2011.

Este acuerdo político lo lideró el diputado de La U y de Nueva Guajira Gabriel Pinto Redondo.

Un miembro de Nueva Guajira y otro de La Gran Alianza le aseguraron a La Silla Caribe, por separado, que ante los problemas que hay en ese departamento, especialmente la sequía y la muerte por desnutrición de niños wayuu, hay un ambiente generalizado de "jalar para el mismo lado" y dejar atrás las históricas rencillas políticas.

Sin embargo, otros guajiros del mundillo político creen que detrás de esa "paz política" hay una estrategia de la recién llegada mandataria y su grupo para neutralizar a la oposición y evitarse críticas entregando puestos.

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