LA SILLA VACIA

El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Otros confidenciales recientes

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
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Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
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Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

Martes, Marzo 1, 2016 - 11:02
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Después de un largo proceso lleno de tutelas y acusaciones públicas entre los aspirantes, el Concejo de Valledupar eligió ayer al personero de esa ciudad para los próximos cuatro años. Los 19 concejales unánimemente reeligieron al abogado Alfonso Campo Martínez, hermano del exrepresentante conservador Juan Manuel Campo y quien en 2012 llegó a esa silla con el respaldo del entonces alcalde Fredys Socarrás. Con la reelección de Campo, el principal derrotado es el representante conservador Ape Cuello, uno de los súper poderes del Cesar tras las regionales de octubre, porque no logró que su candidata fuera la escogida.

Con 83,81 puntos sobre 100 posibles, Campo Martínez obtuvo la calificación más alta del concurso de méritos y se impuso ante la también abogada Lorena Cabrera. Ella obtuvo 76,27 puntos e interpuso una acción de tutela buscando que la Universidad Autónoma del Caribe, institución contratada por el Concejo para poner en marcha el proceso, evaluara nuevamente su hoja de vida. Sin embargo, aunque la tutela le fue fallada a su favor y la universidad tuvo que volver a revisar la experiencia profesional y los estudios acreditados, Campo Martínez terminó con un puntaje más alto.

Para este concurso, Cabrera tenía el apoyo del representante Cuello, quien es el nuevo poder en ascenso del Cesar después de haber sido el principal financiador y promotor del proyecto político que hoy tiene a Tuto Uhía en la Alcaldía de Valledupar. Además, Cabrera trabajó en la campaña de Uhía. Por eso, con la derrota de la abogada, también pierde el mandatario porque queda con un personero que no es de su cuerda política sino de la del exalcalde Fredys Socarrás, quien en las regionales pasadas le puso votos a uno de sus contrincantes: el exconcejal de Cambio Radical Jaime González.

El tercer derrotado con la reelección de Campo Martínez es su propio hermano, el exrepresentante Juan Manuel Campo, quien queda inhabilitado para las legislativas de 2018 en su aspiración de regresar al Congreso. En Valledupar se daba por descontado que el conservador Juan Manuel sería la fórmula del también conservador Ape Cuello, quien ha manifestado en reuniones privadas que quiere dar el salto al Senado. Sin embargo, el personero no desistió de su aspiración de quedarse cuatro años más en el cargo y terminó atravesándole a su hermano.  

Dos políticos activos del Cesar le contaron a La Silla que los 19 concejales prefirieron elegir a Campo Martínez para evitarse nuevas investigaciones de la Procuraduría porque fue él quien obtuvo el mayor puntaje, pese a las negociaciones que desde diciembre venía haciendo con ellos el representante Ape Cuello.

En enero, la Procuraduría Regional del Cesar ya les había advertido a los 19 concejales que vulneraban el debido proceso de la elección al decidir que sería la mesa directiva y no todos los concejales, como estaba estipulado desde el inicio del concurso de méritos, los que tendrían la facultad de evaluar las entrevistas de los aspirantes.

Esa modificación generó suspicacias en la Valledupar política porque el representante Ape Cuello tiene influencia sobre la mesa directiva: el actual presidente de ese organismo es de su cuerda política, el conservador Guido Castilla. La etapa final valía un 10% y era clave para los participantes, especialmente para los dos que desde el comienzo se perfilaron como los más opcionados a la silla de personero: Campo Martínez y Cabrera.

Los concejales también llegaron temerosos a la elección de ayer porque la Procuraduría les abrió, en enero, una indagación preliminar por posibles irregularidades y conflicto de interés en la elección de Álvaro Castilla Fragoso como contralor de Valledupar.

Castilla Fragoso fue uno de los financiadores de Uhía, según los reportes que esa campaña presentó al portal Cuentas Claras, y es miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que lo avaló como candidato a la Alcaldía.

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