Ayer Ernesto Macías Tovar, candidato al senador por el Centro Democrático y una de las personas más cercanas a Álvaro Uribe Vélez, entregó una presentación a la Comisión de Acusaciones donde detalla los datos sobre las cuotas y los montos que le habría entregado el Gobierno a los congresistas para asegurar su apoyo. Lo curioso es que, según Macías, la mermelada llegó hasta sus colegas uribistas.
Y es que, según la presentación, entre los “enmermelados” están dos congresistas uribistas: Juan Carlos Vélez, jefe de debate de la candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga, y Liliana Rendón, senadora conservadora del grupo de Luis Alfredo Ramos.
Vélez habría recibido -según el documento- siete cargos y 2.500 millones de pesos para vías. Entre esos cargos están los directores en Antioquia de la Escuela Superior de Administración Pública Juan Carlos Mejía Betancur (quien estuvo en el cargo desde el gobierno Uribe hasta el año pasado), y Luis Gómez la Red Postal 4-72. También tendría dos cargos en la Aeronáutica Civil y habría pedido varios cargos en Urabá.
Rendón habría recibido -de nuevo según Macías- tres cargos, 3 mil millones para vías y 3 mil millones “por entidad” (una categoría cuya definición no es clara). Dos de esos cargos serían los directores en Antioquia del Icbf, Guillermo Gaviria (que llegó a la entidad en el gobierno Uribe y salió en 2011), y del Invías, Gustavo Otálvaro Paucar.
Otros congresistas distantes de Santos y con cercanía al uribismo, aunque menos evidente que Rendón y Vélez, aparecen también en el lista que denuncia el Centro Democrático. Por ejemplo, el senador conservador José Darío Salazar, quien se ha movido para que su partido no apoye la reelección, tendría 18 cargos y habría recibido más de 4 mil millones de pesos en vías y obras.
En cualquier caso la información está desactualizada, lo que se nota en otros detalles como que Conrado Gómez aparece como Superintendente de Salud, cargo al que renunció en julio de 2012, o que aparecen personas que ya no son congresistas, como Dilian Francisca Toro, Carlos Eduardo Merlano y Álvaro Pacheco.
También está incompleta. Por ejemplo, no explica de dónde salen los dineros que el Gobierno le habría dado a los congresistas; dice que a Germán Vargas Lleras y a Juan Carlos Pinzón le dieron un cargo a cada uno; y habla de que a “gobernador” le dieron un cargo, a “gobernadora” le dieron otro, a “directora” le entregaron dos, a “general” dos más, a "director" 13 y a “director entidad” le dieron cuatro, sin decir a qué gobernadores, directores y general se refiere.
Y tiene datos que parecen absurdos, como que el gobierno le dio cargos (sin especificar cuáles) a los senadores petristas Luis Carlos Avellaneda y Jorge Eliécer Guevara, que le han hecho oposición a Santos; y errores, como poner la foto de la concejal liberal de Bogotá María Victoria Vargas al referirse a la representante a la Cámara por el Altántico Victoria Eugenia Vargas Vives.
Mejor dicho, la Comisión de Acuscaciones -que no es conocida precisamente por su diligencia- tendrá que hacer un gran trabajo de investigación para que la denuncia de Macías coja forma.