Existe un consenso sobre la importancia de las instituciones para el desempeño económico de los países. Sin embargo, se sabe muy poco sobre cómo funcionan las entidades públicas y privadas en la práctica y sobre su impacto social y económico. Este libro hace un aporte pionero a la comprensión teórica y al estudio empírico de las instituciones. Resultado de un proyecto que incluyó cinco países latinoamericanos, el libro contiene los estudios de caso colombianos sobre entidades fundamentales: la Bolsa de Valores, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, la Aeronáutica Civil, el sistema de salud y el difunto sistema de correos públicos (Adpostal). Los estudios son precedidos de un marco teórico que ofrece una nueva aproximación a las instituciones y de un análisis sintético que caracteriza y ayuda a explicar la “paradoja colombiana”; esto es, la existencia de una relativa estabilidad institucional en medio de una sociedad fragmentada y violenta. Síntoma de la paradoja es la convivencia, incluso en una misma organización, de áreas de excelencia y de áreas marcadas por la precariedad y la corrupción.

Owen Fiss es uno de los académicos jurídicos más importantes de los Estados Unidos. Su obra inmensa, que abarca el derecho constitucional, el derecho procesal y la filosofía del derecho, se ha ocupado de mostrar, en lo fundamental, cómo el derecho encarna la razón pública y es un instrumento esencial de la justicia social. Esta concepción del derecho se refleja en una teoría de la libertad de expresión que busca hacer efectiva la igualdad sustantiva y que pretende abrir el mercado de las ideas a aquellas voces que, sin una intervención vigorosa del Estado, de otro modo no podrían expresar sus puntos de vista. Esta teoría no sólo ha influenciado a varias generaciones de académicos estadounidenses sino que se ha extendido a otros confines del mundo. Los ensayos recogidos en este libro, escritos por discípulos y amigos de Owen Fiss de los Estados Unidos, Europa y América Latina, son un sentido homenaje y agradecimiento a las enseñanzas imperecederas y democráticas del maestro y el amigo.

Mientras Colombia elegía a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente el Ejército atacó Casa Verde, el cuartel general de las FARC. En 1991 la mayoría de los constituyentes decidieron no renovar las fuerzas militares y de policía, no tocaron la justicia penal militar a pesar de los altos niveles de impunidad denunciados y negaron cualquier complicidad entre el paramilitarismo y la fuerza pública. Aunque no fueran delegatarios, los militares hicieron parte de la Asamblea Nacional Constituyente. En este libro se hace un recuento del ambiente político y el discurso jurídico en los que se instaló la Asamblea para después hacer un recorrido por las interpretaciones que siguieron a la Carta Política de 1991. Fue entonces en la jurisprudencia de la nueva Corte Constitucional donde se dieron discusiones importantes sobre los límites a la obediencia debida y al fuero militar poniendo en el centro del debate el lugar debido de las fuerzas militares en una democracia asediada por un conflicto armado. Dentro de la batalla entre interpretaciones analizada por la autora no se olvida la posición de los militares trayendo al público la jurisprudencia del Tribunal Superior Militar.

La propiedad privada de la tierra ha sido una preocupación de carácter político, social, económico y jurídico que ha caracterizado la historia del país. Los dos textos que hacen parte de este libro no solo se ocupan de revisar y de analizar quiénes han sido y son actualmente propietarios conforme a las nociones de propiedad privada definidas en códigos y constituciones, sino que, adicionalmente, se aproximan a un debate que lejos de estar superado parece estar presente en la agenda política colombiana: el de la redistribución de la propiedad de la tierra. Helena Alviar y Catalina Villegas le recuerdan al lector la importancia de retomar el análisis de estos dos temas, con un lente de interpretación amplio, que incluye un diálogo del derecho con la economía, la política y la historia. Los dos textos se nutren entonces de la revisión de fuentes primarias y de líneas de tiempo que se remontan a la década de 1936, para preguntarse por el papel del derecho, de los jueces y abogados, de los procedimientos administrativos y judiciales, de las nociones de desarrollo económico, de las instituciones, de las ideologías y de los partidos políticos, y del campo y de la ciudad, teniendo presente la complejidad de la problemática del acceso a la tierra y del derecho de propiedad privada en Colombia.

El conflicto armado ha tenido un impacto particularmente severo en los afrodescendientes. Por ejemplo, las cifras del censo del 2005 muestran que tienen más probabilidad (84%) de ser víctimas del desplazamiento forzado que la población mestiza. ¿A qué se debe esta situación? Como lo dijo en el 2011 un informe de la experta de las Naciones Unidas sobre Minorías, "las motivaciones de los responsables (del desplazamiento afro), que antes eran tácticas y estaban relacionadas con el conflicto, son ahora comerciales y están relacionadas con la adquisición de tierras para dedicarlas a cultivos ilícitos, megaproyectos agrícolas, el desarrollo económico y la explotación de los recursos naturales". Lo mismo concluyó la Corte Constitucional en el diagnóstico estatal más completo del problema: el auto 005 del 2009. ¿Cómo operan estos fenómenos en el terreno? ¿Cómo viven y qué piensan las comunidades desplazadas y aquéllas que se niegan a salir de sus territorios? Para responder a dichas preguntas, este informe del Observatorio de Discriminación Racial presenta un estudio de caso de las comunidades negras de Buenos Aires y Suárez (Cauca). A pesar de sufrir amenazas y violaciones graves de sus derechos más básicos, estas comunidades defienden su derecho a permanecer en sus territorios ancestrales, hoy pretendidos por todo tipo de actores económicos, tanto legales como ilegales. Basado en este caso, el documento ofrece elementos de juicio empíricos y jurídicos que respaldan recomendaciones concretas para garantizar los derechos de las comunidades negras, tanto en la zona estudiada como en el resto del país.

El Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP) presentó en el año 2009 una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma del Código Penal con el fin de defender la libertad de expresión. Dicha norma, en la práctica, se convertía en una mordaza para los periodistas o investigadores que adelantaran indagaciones sobre hechos delictivos respecto de los cuales ya se hubiera pronunciado la justicia penal. Esto porque corrían el riesgo de ser demandados por injuria o calumnia por aquellos a quienes señalaran como responsables de un delito y que hubieran sido absueltos por un juez penal. A pesar de que el denunciante tuviese pruebas que demostraran la veracidad de sus afirmaciones no podía utilizarlas en su defensa ya que primaba la verdad judicial sobre la verdad fáctica. La Corte Constitucional falló a favor de las pretensiones del G-DIP el 26 de junio del 2009, en la sentencia C-417, al declarar inconstitucional la norma demandada. Esta sentencia es un referente obligado para cualquier persona interesada en la libertad de expresión y, particularmente, para entender el alcance y las obligaciones del Estado para su protección. La decisión de la Corte ha sido reconocida por periodistas, organizaciones sociales y académicos como un hito en la consolidación de la libertad de expresión en Colombia, pues este derecho constituye una garantía para indagar sobre crímenes que en ocasiones quedan en la impunidad y son desterrados de la memoria colectiva, pero que siguen grabados en la memoria de las víctimas. En este libro se presentan diversos textos que fueron parte del proceso de demanda de inconstitucionalidad y se incluye un estudio preliminar que sintetiza las principales aproximaciones jurídicas a la libertad de expresión en América Latina como una forma de consolidación de los Estados de derecho en la región.

La Asamblea Constituyente de 1991 fue proclamada como el gran pacto de paz entre los colombianos. Concentraba las esperanzas, el conocimiento y las capacidades de un sector importante del país que tenía una voluntad sincera de paz. Si bien en buena parte las referencias a la paz fueron retóricas, también es cierto que a la sombra de la constituyente se desmovilizaron, por lo menos, dos grandes guerrillas: el M-19 y el EPL, y se hicieron acercamientos al ELN y a las FARC. Además, con la Constitución se inauguró nuestro modelo de convivencia con el tráfico de drogas como factor de violencia, que une la negociación penal, la legitimación de las instituciones políticas y el desmonte de los grandes carteles. Considerando las circunstancias internacionales de prohibición del tráfico de drogas y lo que dicha prohibición ha implicado para Colombia, la Constitución de 1991 permite el frágil y complicado equilibro que mantiene la legitimidad institucional en medio de la violencia. A partir del análisis del archivo de la Asamblea Constituyente, y de la prensa y literatura de la época, este libro argumenta que nuestra relativa legitimidad y frágil estabilidad en medio de la prohibición es, y no la paz política con las guerrillas, la verdadera “paz en cuestión”.

El embarazo adolescente ha entrado a formar parte de la política nacional desde el 2003, al convertirse en un tema prioritario de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y, en el último año, de todos los partidos políticos y la Presidencia de la República. El “problema” es que hay muchos. La meta es que sean menos. La solución: el compromiso político con el tema, la educación sexual, la alfabetización sobre el uso de anticonceptivos, los servicios de salud amigables, entre otros. Por otro lado, desde 1993, el tema del embarazo adolescente había aparecido en la doctrina constitucional elaborada en las sentencias de la Corte Constitucional. En este panorama de los “derechos”: el problema ha sido la persistencia de prácticas discriminatorias y humillantes que afectan a las adolescentes embarazadas, les dificultan terminar sus estudios y, de alguna manera, las hace enfrentar la culpa por mostrar su sexualidad con un embarazo. La solución —el mecanismo principal— ha sido la tutela. Sin embargo, los resultados no han sido tan definitivos como deberían. El libro Embarazo adolescente hace un aporte a estos debates al proponer miradas desde distintas disciplinas y al contribuir con datos recientes —y ofrecer críticas— a la construcción de la adolescente embarazada como un “problema”. Adicionalmente, sugiere cómo la expulsión de las adolescentes embarazadas debe pensarse no sólo desde el punto de vista moral de la discriminación sino además desde el punto de vista de la desigualdad estructural, que se construye jurídicamente en el sistema de educación.